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#Artículo Aborto Legal: El Salvador debe saldar la deuda que tiene con las mujeres

Artículo Informativo – 21 de Marzo de 2017

En 1998 El Salvador se convirtió en uno de los pocos países que penaliza el aborto en todas las circunstancias, incumpliendo así su deber como garante de la vida, salud, autonomía, derecho a decidir, derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas salvadoreñas; antes de esto, existían tres causales de aborto legal: el aborto eugenésico –cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida extrauterina -, el aborto terapéutico – cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro-, y el aborto ético – cuando el embarazo es producto de violencia sexual en menores de 14 años-.

Desde entonces, existen penas entre dos y ocho años de prisión, tanto para la mujer que aborta como para quienes la ayuden, y existen condenas más largas,  entre seis y 12 años, para profesionales de la salud que los practiquen. Sin embargo, gracias al trabajo de organizaciones sociales, feministas y de mujeres, se ha evidenciado, que la justicia salvadoreña ha judicializado a más de 29 mujeres con penas de hasta 50 años por homicidio agravado, delito que ninguna de ellas ha cometido.

Las consecuencias de estas legislaciones restrictivas de aborto son devastadoras para las mujeres y las niñas, amplían el índice de pobreza, violentan sus derechos fundamentales, incrementan las muertes por abortos inseguros, ponen en riesgo su vida, deterioran su salud y terminan con sus proyectos de vida.

El trabajo de las organizaciones sociales por liberar a las mujeres – Las 17

Para Yanileth Mejía, integrante de la Las Dignas*, organización feminista de El Salvador, la realidad salvadoreña demuestra que la penalización absoluta del aborto tiene grandes consecuencias para las mujeres, en especial para las mujeres jóvenes en situación de pobreza, ya que se les niega el derecho a la salud, el derecho a la atención prioritaria y en el caso específico de las mujeres judicializadas, la pérdida absoluta del derecho a la presunción de inocencia.

Frente a esta realidad, desde hace varios años las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres iniciaron el proceso de denuncia pública y de demanda al Estado por el reconocimiento del derecho a la autonomía y al aborto legal, pese a esto, se siguieron desconociendo los derechos de las mujeres encarceladas y de las que necesitaban el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Es por esto y como un llamado regional e internacional, que en el 2014 se impulsa y posiciona la campaña “Las 17”, a través de la cual se exige al gobierno salvadoreño justicia inmediata y restaurativa para las mujeres encarceladas y criminalizadas injustamente por complicaciones obstétricas que derivaban en un aborto espontáneo o en un parto extrahospitalario.

“Sin duda, la campaña Las 17 ha puesto en el panorama internacional la realidad de las mujeres salvadoreñas, ha sido un gran trabajo mediático que nos ha permitido tener un respaldo internacional frente a nuestras demandas por el aborto legal”  Yanileth M.

El día 1º de abril de ese mismo año, diversas mujeres pertenecientes al movimiento social de mujeres, se presentaron a la Asamblea Legislativa con 17 solicitudes de indulto, uno por cada mujer identificada hasta ese momento como condenada en circunstancias irregulares e injustas, la cifra ha aumentado y hasta la fecha se cuentan en total 29 mujeres en esta situación de injustica.

“Las mujeres en este país no están condenadas por delito de aborto, sino por homicidio agravado, pagando entre 30 y 40 años de cárcel; los operadores de justicia están juzgando a las mujeres a través de sus prejuicios, obstruyendo la justicia y anteponiendo su moral religiosa” Yanileth M.

¡Queremos justicia que repare a las mujeres, no una conmutación!

En el último mes han sido liberadas Teodora Vázquez y Maira Figueroa, después de que el Estado de El Salvador les negara su libertad durante 11 y 15 años respectivamente. Fueron injustamente condenadas a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, sin embargo, como lo mencionó recientemente la Corte Suprema de Justicia, en la conmutación de la pena de Teodora, no existen pruebas científicas que permitan dar cuenta de acciones voluntarias que condujeran a la interrupción de la gestación.

“Tanto Teodora como Maira, son liberadas con conmutación de pena, sin embargo, es necesario aclarar que esto no es un favor dado por el estado, que estas mujeres necesitan más que esto, la conmutación de la pena y las disculpas, son insuficientes; es necesario que exista una justicia restaurativa que permita reparar de alguna manera el daño causado durante tantos años, a ellas y a las demás mujeres judicializadas por complicaciones obstétricas” Yanileth M.

Sin duda, la libertad de Teodora y Maira, es un aliciente y una esperanza para tantas mujeres encarcelas en situaciones similares a las suyas, es un paso más en la lucha contra el sistema judicial misógino, machista y patriarcal que actualmente opera en El Salvador.

Reforma al artículo 133-A del Código Penal

A principios del 2017 y gracias a la incidencia política realizada por diversas organizaciones sociales y feministas, se abre la posibilidad de reformar el artículo 133-A del Código Penal, que impone penas de cárcel por el delito de aborto.

Esta reforma impulsada por el movimiento social y con el respaldo político y legislativo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda, busca despenalizar el aborto en 4 causales específicas, cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro, cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas, cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero y en casos de violación contra un menor de edad o estupro (relaciones sexuales de adultos con menores de edad).

Los sectores antiderechos, conservadores y de derecha, también han realizado incidencia política y presentado reformas para el artículo que buscan aumentar las penas en delito de aborto, sin embargo, estas no han tenido suficiente eco en el actual gobierno de izquierda. Pese a esto, existe un alerta actualmente por las pasadas elecciones legislativas, en las que estos sectores ocuparon la mayoría de las curules; en este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, el FMLN, la CIDH y diversos organismos internacionales, han estado exigiendo de manera inmediata la aprobación de la reforma al artículo y que se despenalice el aborto en las cuatro causales ya mencionadas.

“Necesitamos el respaldo y apoyo regional e internacional para que el Estado misógino y conservador por fin reconozca nuestros derechos y repare a cada una de las mujeres a las que les ha negado su libertad… Puedo decir que además del trabajo local de las organizaciones, la libertad de Maira y Teodora es el producto de la resistencia y el trabajo colectivo de organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Es un contexto complejo que nos requiere unidas trabajando y luchando por nuestros derechos” Yanileth M.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, una vez más, exige al estado de El Salvador garantizar los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la autonomía, el derecho a decidir y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de todas las mujeres y niñas salvadoreñas, que hasta el momento están siendo desprotegidas y criminalizadas por sus leyes restrictivas de aborto.

*Las Dignas: organización feminista autónoma, transgresora y diversa, parte del movimiento feminista de El Salvador, que impulsa una propuesta filosófica, ideológica, ética y crítica, desde la cual buscan la erradicación del orden patriarcal, capitalista y heterosexista, mediante transformaciones sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas, que eliminen la subordinación y opresión de las mujeres y garanticen el respeto y goce de los derechos sexuales y reproductivos.