El imaginario colectivo que predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en relación al aborto inducido es que esta práctica es un crimen y, por ende, viola las normas sociales y morales vigentes. A partir de ello, las mujeres que abortan siempre serán criminales que deben y necesitan recibir una sanción, tanto penal como social. La condición de ilegalidad del aborto, la tradicional postura condenatoria de las iglesias, la renuencia de los medios de comunicación a profundizar en sus causales, los Estados que se niegan a involucrarse y a asumir los costos políticos que ello conllevaría, son todos factores que determinan que el aborto no esté nunca incorporado a las agendas o debates públicos.

Demandas en Chile por el aborto seguro y legal

Y no se trata de que haya silencio al respecto, sino que lo se habla y discute siempre partirá de la premisa que el aborto es un delito. Entonces, han sido los discursos públicos ideologizados –religiosos, culturales, mediáticos, políticos, simbólicos, demográficos, sanitarios– los que se han encargado de instalar, moldear y reforzar el imaginario sobre el aborto como sinónimo de crimen odioso. Así como también de los derechos de las mujeres forzosamente supeditados a los derechos del embrión/feto (reconocido en calidad de persona). Esta falsa dicotomía –criminal/inocente, a favor o en contra– no ha permitido avanzar en el reconocimiento de la realidad compleja del aborto inducido, sino que también impide que las mujeres que en algún momento han abortado o se aprestan a hacerlo por razones diversas, puedan asumir su decisión como un ejercicio de derechos sobre su corporalidad, sobre su reproducción, en definitiva, sobre su vida. Por el contrario, a menudo abortan atenazadas por la culpa, la condena social, y por el temor a ser encarceladas o sucumbir en abortos clandestinos e insalubres.

Es significativo, sin embargo, el hecho de que el aborto inducido es una realidad que atraviesa a todos los países, a todas las comunidades y afecta a las mujeres ya sea en cuerpo propio o en el cuerpo de hermanas, amigas, hijas, madres. Desde esta perspectiva, ha estado presente en todas las épocas y su número es muy alto en todas las regiones. Por ejemplo, recientes investigaciones del Instituto Alan Guttmacher, señalan que el número total de abortos que hoy se practican en el mundo muestra una tendencia al descenso. En el período que va desde 1995 a 2003 bajó de 45.5 millones a 41.6 millones, cifra considerable que deja de manifiesto que las mujeres y parejas no están accediendo a los medios que les permitan evitar embarazos no deseados o no planificados. Este total abarca todos los abortos, sean seguros e inseguros. Los abortos inseguros, específicamente, que en el año 1995 alcanzaron a 19.9 millones, en 2003 fueron 19.7 millones, es decir, mostraron un leve descenso.

Por lo tanto, la caída en el número total de abortos correspondió específicamente a una baja en la tasa de abortos seguros: de 20 a 15 por cada 1.000 mujeres de 15-44 años, mientras que la tasa de abortos inseguros declinó levemente: de 15 a 14 por 1.000. En tanto que la tasa global de abortos bajó de 35 a 29 por 1.000.

En relación a las consecuencias del aborto inseguro, desde fines de la década de los 90 se mantiene casi inalterada la cifra de 70 mil mujeres muertas cada año a efectos de las complicaciones de abortos inseguros, mientras que aproximadamente 8 millones requieren tratamiento médico por dichas complicaciones, pero solo 5 millones lo reciben efectivamente.

Es significativo, por otra parte, constatar que en aquellos países donde el aborto está penalizado severamente, las mujeres continúan interrumpiendo sus embarazos con riesgo de sus vidas, con temor a la denuncia, con miedo a ir a la cárcel, lo que pone en evidencia que las leyes punitivas son fracasos legislativos pues no se acatan ni se respetan ni logran cambiar conductas.

Sin embargo, es importante destacar que desde 1997, 22 países o áreas administrativas dentro de países han cambiado o flexibilizado sus legislaciones. En 19 de ellos, los criterios para permitir el aborto impune fueron ampliados, pero en 3 fueron restringidos. Latinoamérica y África continúan siendo las regiones donde el aborto permanece mayormente penalizado, mientras que globalmente un 40% de las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) vive en países con legislaciones que prohíben el aborto totalmente, o lo permiten solamente para proteger la vida o salud de la mujer.

América Latina y el Caribe muestra una situación particular. Como región marcada por la predominancia de la religión católica, persiste en ella un castigo social sobre todo lo que se relaciona con la libertad de decisión de las personas sobre sus cuerpos, y la sexualidad es un terreno que muestra escasas oportunidades para la autonomía real. El aborto, por ende, es objeto de leyes penalizadoras, extremadamente restrictivas, y los escasos resquicios en que se permite el aborto impune, con frecuencia son difíciles de lograr su implementación.

Entre los países que con mayor dureza castigan esta práctica, Chile es uno de ellos, y también Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Si bien en la región se han producido avances, como el ocurrido en el Distrito Federal de México y en Colombia, y aperturas posibles en Uruguay y Argentina, lo cierto es que el panorama general es desalentador.

En la proximidad del próximo 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, campaña que a partir de este año se coordina a través de organizaciones de mujeres dominicanas, es necesario fortalecer nuestros discursos y estrategias para lograr romper tanto el cerco cultural en contra del derecho a decidir, como la acción fundamentalista liderada especialmente por las jerarquías eclesiásticas y sus aliados, que insisten en erigirse en conductores morales de la sociedad toda.

Para mayores antecedentes, acceda a nuestra Revista Mujer Salud 2-2010, cuya sección Temas está dedicada a analizar este tópico relevante sobre la salud y derechos humanos de las mujeres.

La jerarquía de la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha impuesto una moral única según la cual las personas deben regir sus vidas, pertenezcan o no a su feligresía. Y aunque hacemos énfasis en esta iglesia, otras entidades religiosas en el mundo entero también han buscado influir y determinar el comportamiento de las personas a partir de sus valores doctrinarios.

Esto ha sido especialmente evidente en aquello relativo a la sexualidad y reproducción (derechos sexuales y derechos reproductivos), ámbitos en los cuales el discurso religioso conservador instaura conceptos “valóricos” que sostienen que la sexualidad necesariamente debe tener fines reproductivos y ejercerse bajo el modelo heterosexual preestablecido. Todo aquello que salga de estos límites, debe considerarse transgression y pecado, así como también el sexo extramarital.

Desde este enfoque, el derecho al placer sexual como experiencia gratificante y liberadora queda completamente soslayado, y también las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo ya que se consideran fuera de la norma moral establecida.

Millones y millones de personas han crecido bajo esta óptica represiva, con las culpas consiguientes cuando se desvían del mandato religioso, culpas que marcan a fuego las vivencias cotidianas y producen una alta cuota de infelicidad.

En los recientes pontificados esto ha sido muy evidente. Con Juan Pablo II la oposición católica a la anticoncepción, al uso de condones para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, a programas de educación sexual y a la despenalización del aborto, se endureció más que nunca, demostrando su total falta de sintonía con la realidad de las personas, con sus problemas y necesidades diarias. Marcando, de paso, una brecha profunda con la tendencia que en algún momento dicha Iglesia tuvo tras el Concilio Vaticano II que imprimió una modernización a dicha entidad, a partir de su preocupación por la justicia social y los derechos de los desposeídos.

Por la libertad de conciencia

Muchos documentos y declaraciones de la Iglesia Católica han mostrado estas tendencias. Uno de ellos surgió en la década de los años 60 del siglo pasado, poco después del surgimiento de la píldora anticonceptiva hormonal, revolucionando las relaciones humanas. Que una píldora permitiese escindir la sexualidad de la reproducción, irrumpiendo frente a moralidades largamente instaladas, detonó la oposición de la alta jerarquía eclesiástica católica que vio en ella un instrumento satánico. Fue así como el 25 de julio de 1968, el Papa Paulo VI firmó la Encíclica Humanae Vitae condenando la regulación de la natalidad, aunque a contravía de la opinión de expertos del Vaticano que sugerían flexibilizar su postura. Dicha Encíclica advirtió sobre tres grandes “peligros” que el uso de la anticoncepción acarrearía: “el camino fácil y amplio para la infidelidad conyugal y la degradación de la moralidad; la pérdida del respeto a la mujer que pasaría a ser considerada como simple instrumento de goce egoísta; y poner un instrumento peligroso en manos de autoridades despreocupadas de las exigencias morales”. Más aun, en 2008 el Papa Benedicto XVI, con ocasión del 40º aniversario de la Encíclica, reiteró públicamente la condena de la Iglesia a la anticoncepción, señalando que excluir la posibilidad de dar la vida “por medio de una acción destinada a impedir la procreación significa negar la verdad íntima del amor conyugal”.

Otro documento del Vaticano con especial énfasis en la “defensa de la vida” y condena del aborto como “crimen nefando”, fue la instrucción Donum Vitae (1987), firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy Papa. Señalaba textualmente: “La inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano inocente desde el momento de la concepción hasta la muerte es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona, a la que el Creador ha concedido el don de la vida. La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la Tierra que Dios ‘ha querido por sí misma’”.

Y por último destacamos el documento “Verdad y significado de la sexualidad humana. Guías para la educación en la familia” emitido por el Consejo Pontificio para la Familia, encargado en el Vaticano de las normas morales, el que se refirió a la educación sexual. En octubre de 1995, es decir, inmediatamente después de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, el cardenal Alfonso López Trujillo, muy cercano a los movimientos mal llamados “provida” alrededor del mundo, firmó el documento que enfatiza las concepciones más tradicionales de la jerarquía católica en relación a la moral sexual, señalando su oposición total a la educación sexual salvo cuando se imparte en la familia, es decir a cargo de la madre y padre, por supuesto a partir de una moral cristiana.

Se refiere, por ejemplo, a la anticoncepción moderna y la procreación artificial, condenando a ambas. Respecto de la educación sexual, señala: “El padre y la madre son los únicos que pueden conocer las singularidades de cada niño o niña, los únicos que les profesan el amor necesario para educar a sus hijos gradualmente -sin brincar etapas- en todos los asuntos relacionados con la sexualidad, y específicamente en la educación para la castidad”.

Sin duda hay muchísimos otros ejemplos de documentos, encíclicas, declaraciones e intervenciones públicas de los jerarcas católicos que plantean normas restrictivas a partir de su doctrina religiosa, lo que contraviene totalmente la laicidad de los Estados, los que, por naturaleza, deben ser laicos, aconfesionales y antidogmáticos.

Toda democracia que se precie de tal, debe estar sujeta solo a la soberanía popular a la que representa, la que se construye sobre la base de la diversidad y pluralidad.

En la búsqueda de expresar su protesta por la autoritaria imposición valórica de las jerarquías eclesiásticas, se están desarrollando distintas acciones ciudadanas. Una de ellas, la Apostasía Colectiva 2010, impulsada desde grupos de la sociedad civil argentina, se propone efectuar masivamente un retiro de la Iglesia Católica de quienes pertenecen a ella, e incluso lograr que madres y padres se comprometan a no bautizar a sus hijas e hijos, sino que permitirles que decidan en plena conciencia en su edad adulta, es decir, no imponerles una fe.

La autodeterminación como un derecho humano

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe se ha propuesto, como uno de sus principios ético políticos de acción, la defensa del Estado laico, lo que cobra plena vigencia en estos momentos en que se constata una fuerte embestida fundamentalista religiosa contra el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos.

Mi cuerpo es mío

Irlanda, Alemania, Estados Unidos, España, Austria, Holanda, Suiza, México, Brasil, son solo algunas de las muchas naciones donde  han explotado noticias sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Los que, sin embargo, continúan siendo minimizados por la alta jerarquía eclesiástica, encabezada por el Papa Benedicto XVI. Esto fue notorio en las ceremonias de Semana Santa, cuando altos jerarcas argumentaron la existencia de ataques políticos contra la Iglesia y el Papa, negándose a asumir la gravedad de las acusaciones que ponen en cuestión a  una entidad  que históricamente se ha arrogado la tutela moral de toda la humanidad.

Incluso, el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en su visita a Chile, señaló que el celibato no es un factor que favorece la pederastia entre los religiosos, sino que asimiló la orientación sexual diversa con los abusos a niños.

Por otra parte, la reciente difusión de una carta firmada por Ratzinger cuando era Cardenal, en la década de los 80, sugiriendo no expulsar a un sacerdote de Oakland, EE.UU., acusado de abuso sexual, para proteger el “bien de la Iglesia Universal”, profundizó más esta crisis.

Efectivamente, el Vaticano habría analizado acusaciones sobre 3.000 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en los últimos 50 años, pero solo el 20% de ellos habría concluido en un proceso penal y administrativo, lo que demuestra la existencia de un ocultamiento deliberado desde las autoridades y organismos encargados.

Sin duda, uno de los hechos más escandalosos y que ha tenido mayor impacto en la opinion pública mundial fue el relacionado con el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, cuyos abusos afectaron a sus propios hijos (había contraido matrimonio en México, con identidad falsa), centenares de menores de edad y seminaristas.

Asimismo, y junto a las acusaciones de violación y estupro cometidos contra niños internos en colegios católicos, niños discapacitados y niños de la calle, en las últimas décadas se han denunciado innumerables abusos contra niños, niñas y mujeres que participan de comunidades de iglesia, así como también atroces violaciones contra religiosas, muchas de las cuales fueron forzadas a abortar tras quedar embarazadas, como se documentó en África.

Todas estas atrocidades han colocado en tela de juicio la autoridad de una Iglesia que durante siglos se ha arrogado la tutela moral de las personas, imponiéndola con total rigidez, mientras ha ocultado celosamente sus deleznables prácticas privadas. El control disciplinario de la Iglesia Católica se ha ejercido con especial dureza sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las y los jóvenes, y de la diversidad sexual, buscando impedir la autodeterminación de las personas sobre su espacio corporal, en especial en lo relativo al aborto seguro y legal, a la maternidad voluntaria, y a la libertad sexual.??

En las últimas décadas, gracias al trabajo permanente de organizaciones de la sociedad civil, en especial grupos de mujeres y de la diversidad sexual, el peso del discurso ideológico de la Iglesia Católica sobre las personas, las familias, las instituciones y los Estados, ha comenzado a ser desafiado.

Hoy, más que nunca, surgen voces disidentes que piden, desde el mismo interior de la Iglesia, una mayor transparencia y respeto a la diversidad de pensamiento y valores, mientras que las organizaciones de la sociedad civil se involucran en la defensa del Estado laico como condición ineludible para la democracia, exigiendo el fin de esta arbitraria dictadura moral que ha impuesto su peso con la venia de muchos sectores, sea gobiernos, partidos políticos y movimientos conservadores.

Este año el movimiento internacional de mujeres conmemorará los cien años de la fecha más emblemática de todas sus luchas reivindicativas: el Día Internacional de la Mujer. Fue en 1910, en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas realizado en Copenhague, Dinamarca, cuando la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, propuso la instauración de este histórico día. La propuesta surgió a partir del reconocimiento de la fuerza, coraje y tesón de las mujeres que, desde hace décadas, bregaban por el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras y como ciudadanas, encontrando múltiples barreras en este caminar hacia el ejercicio de derechos.

Efectivamente, por esos años, obreras, empleadas y mujeres de diversos ámbitos y en distintos países, expresaban en las calles, en los sindicatos, en las fábricas, sus demandas urgentes de igualdad de trato, salario justo y buenas condiciones laborales, interpelando, además, a la sociedad en su conjunto para lograr una participación social y política igualitaria. Y lo hicieron incluso a costa de sus propias vidas, siendo a menudo reprimidas con violencia por patrones y fuerzas de seguridad. Hasta hoy quedan en la memoria colectiva las muertas por esta causa en Estados Unidos, en países de Europa, en América Latina. En la década de los años 70 del siglo pasado, esta fecha trascendental fue también asumida por el movimiento feminista, lo que implicó incorporar al 8 de Marzo otros temas relacionados con el cuerpo de las mujeres, con su autonomía y libertad, con la maternidad voluntaria, con la libre opción sexual, con el derecho al aborto, todo ello inserto en el trascendental paradigma de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos. Esta amplísima agenda de reivindicaciones de las mujeres buscó así abarcar todos aquellos tópicos que dicen relación con la condición de la mujer y su calidad de vida, condición que ha sufrido nuevas y graves violaciones a partir de la instauración de los modelos económicos neoliberales que en las últimas décadas han profundizado hasta límites indecibles la discriminación y exclusión de diversos colectivos, entre ellos, el de las mujeres. Por lo tanto, en 2010, cuando culmina la primera década del Tercer Milenio, el centenario del Día Internacional de la Mujer debe ser conmemorado desde la perspectiva de los avances obtenidos, pero también de los múltiples desafíos que nos plantea el contexto actual. En este sentido, podemos afirmar que los cambios más significativos para las mujeres en las últimas décadas han sido el reconocimiento formal de derechos y algún grado de avance hacia su pleno ejercicio, por cierto más logrado en algunos países que otros. Y en el marco jurídico, la conquista de convenciones y tratados internacionales que se han transformado en ley para muchos países.

Asimismo, las mujeres han irrumpido en el mercado laboral, en la educación y las ciencias, en la cultura, en la política, desvinculándose del ámbito doméstico donde fueron confinadas por siglos. Esto ha sido consecuencia de la movilización de las mujeres organizadas que, a partir de sus luchas sociales y de su capacidad de incidencia en los espacios

Conmemorando el 8 de Marzo

públicos, “han logrado un importante cambio en la percepción simbólico cultural de las sociedades respecto del lugar de la mujer y de la construcción de su ciudadanía” (Millán, Cecilia. Derechos humanos, más humanos, 2000). Pero, como agrega esta autora, en general “persiste el supuesto de la existencia de un ciudadano productivo asociado al paradigma masculino, en el cual el hombre es el principal proveedor de la familia y el detentor de los derechos sociales y económicos, lo que fundamenta muchas de las políticas sociales y económicas de nuestros países”, con el consiguiente estancamiento de las mujeres, constreñidas en una ciudadanía incompleta. Incompleta porque el poder político, el poder social, el poder económico, el poder en las leyes, el poder en el ámbito de las relaciones sexo-afectivas, sigue otorgándosele al varón, lo que perpetúa la dualidad hombre-dominador y mujer-subordinada. Esta hegemonía en el control del poder persiste porfiadamente porque la estructura patriarcal de nuestras sociedades permanece incólume. Entonces, a pesar de la existencia de tratados y convenciones de DDHH y del reconocimiento formal de derechos, la cotidianidad en la vida de millones de mujeres y niñas continúa atravesada por iniquidades tales como explotación sexual y laboral, violencia sexista en diversas expresiones, heterosexualidad obligada, maternidad impuesta, división sexual del trabajo no cuestionada y dobles y triples jornadas sobre las espaldas de las mujeres, modelos sexistas que traspasan los sistemas educativos, los medios de comunicación de masa, el lenguaje cotidiano, entre otras

El reto para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista, para las mujeres todas, sigue siendo perentorio: desafiar, a través de cambios culturales urgentes, la construcción social de los géneros que impera porfiadamente y determina la discriminación de las mujeres. Instaurar una justicia de género, como ha señalado Marcela Lagarde, debe ser la meta para hacer de nuestras sociedades un mundo más ético y digno de ser vivido.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe trabaja para aportar a esa construcción social más justa y más ética a través de la implementación de todos sus programas, articulando a una membresía diversa que refleja una diversidad de voces: mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, mayores, estudiantes y académicas, obreras y campesinas, mujeres de base y dirigentas. Y en este año se une, además, al llamado a la acción para homenajear especialmente a las activistas haitianas muertas en el sismo reciente, quienes simbolizan todas las luchas y todas las acciones de las mujeres del mundo para la conquista de sus derechos. Por Miriam Merlet, por Magaly Marcelin, por Anne-Marie Coriolan, hagamos de este centenario del 8 de Marzo, una nueva jornada de reivindicaciones de las mujeres todas.

Mayores informaciones sobre el homenaje a estas liderezas en: Radio Internacional Feminista (Ver Enlaces).

Fuente: Boletina Mujer SaludHable, RSMLAC. Año IX, Nº 1, febrero 2010.

El panorama regional en temas relativos al cuerpo de las mujeres, muestra, por un lado, la permanencia de discursos y acciones fundamentalistas en contra de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por otro, se han dado algunos pasos valiosos que contrarrestan en parte las tendencias conservadoras. Entre las graves transgresiones a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres que están ocurriendo en nuestra región, destacamos los siguientes:

En COLOMBIA, el 22 de octubre de 2009 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, después de que la Corte Constitucional emitiera sentencia que reitera el cumplimiento del aborto legal, y ordena a los Ministerios de Educación y Protección Social poner en marcha un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y de información sobre causales bajo las cuales está despenalizado el aborto. En 2006, dicha Corte emitió la Sentencia C-355 que despenaliza el aborto en casos de violación o incesto, malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y cuando existen riesgos para la salud mental o física de la mujer. A pesar de ello las mujeres tienen obstáculos para su aplicación, principalmente por la objeción de conciencia, por lo cual la Corte avanzó en su reglamentación, la que ahora suspendió el Consejo de Estado.?

En HONDURAS, por otra parte, el gobierno de facto decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), echando pie atrás al veto del depuesto Presidente Zelaya al decreto Ley 154-2009 que establecía dicha prohibición. Ahora el gobierno golpista, respaldado por dictamen del Colegio Médico de Honduras (CMH) que señala que la pastilla tiene efectos abortivos, lo repuso y aprobó.?

En CHILE se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del Ministerio de Salud, que instruye a directivos de servicios de salud sobre trato humanizado y resguardo de la confidencialidad.?

En BRASIL se aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo 1736/2009, enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual contempla la institución de un Estatuto Jurídico que otorgará especiales privilegios a la Iglesia Católica brasileña, a pesar de que masivamente la sociedad civil se manifestó en contra del mismo. La jerarquía católica ha sido la principal opositora a la despenalización del aborto en este país.?

En MÉXICO, en contraste con el significativo logro del Distrito Federal que cuenta con una ley que permite la interrupción legal del embarazo en el primer trimestre de gestación, ley ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 17 estados se ha producido una andanada de propuestas contrarias al derecho a decidir, tratando de impedir avances semejantes e incluso buscando retrocesos en las causales hoy vigentes, como es el aborto legal en caso de violación.?

En NICARAGUA Daniel Ortega pretende ser reelecto para un nuevo período, lo que hace más complejo el panorama de protección de los derechos humanos en el país, considerando que continúa férreamente aliado con los sectores más retrógrados, como ocurrió cuando se aprobó la derogación del aborto terapéutico hace unos años, con el consiguiente impacto en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres.?

No al Artículo 30

En REPÚBLICA DOMINICANA, el Congreso Nacional, a través de su Asamblea Revisora, aprobó en segunda lectura el Artículo 30 del proyecto de Reforma Constitucional del Poder Ejecutivo, que instituye: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, lo que afecta directamente a la interrupción voluntaria del embarazo, e incluso al uso de anticonceptivos. La movilización social y solidaridad nacional e internacional han estado presentes a lo largo de este proceso, sin lograr aún que el articulado sea derogado.

Algunos pasos adelante

Sin embargo, también hay hechos esperanzadores. Este es el caso de ARGENTINA, donde en 2009 se celebró un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, y como es habitual, el tema del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos ocuparon un lugar central de reflexiones, mientras que se mantiene en el país la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la que ha sido distinguida por el nstituto Nacional contra la Discriminació n la Xenofobia y el Racismo (INADI) con el Premio a las Buenas Prácticas 2009.

En BRASIL, por otra parte, la Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que celebró 18 años de existencia, participó en una Audiencia Pública de la Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, para recibir un merecido homenaje por su labor por los derechos humanos de las mujeres; allí presentó su proyecto Trilhas da Saúde das Mulheres, propuesta didáctica que da cuenta de su experiencia en pro de la salud y los derechos de las mujeres.?

Y en COLOMBIA, en respuesta a los ataques contra la sentencia de la Corte Constitucional antes señalada, las organizaciones feministas se han pronunciado firmemente en defensa de la misma, haciendo un llamado “para estar atentas a cualquier irregularidad por parte de cualquier persona o entidad, que haciendo interpretaciones distorsionadas y malintencionadas, pretenda obstruir el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de salud para una Interrupción Voluntaria del Embarazo, dentro de las tres circunstancias señaladas por la Corte Constitucional no constitutivas del delito de aborto” (Mesa por la Salud y por la Vida).

La autonomía del cuerpo

En cuanto a CHILE, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley sobre Orientación, Información y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad. El texto legal permitirá la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia, PAE, a las usuarias de los servicios de salud públicos, lo que, según la mandataria, permite corregir “una tremenda injusticia, estamos consagrando derechos en materia de fertilidad que nos permitirá seguir avanzando, teniendo siempre en mente la salud de la población y los derechos de las mujeres”. ??Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años en la defensa del acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho humano de las mujeres, señalaron que este es un paso fundamental, pero que no resuelve su histórica demanda sobre el Proyecto Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya versión primera fue elaborada el año 2000 por un conjunto de organizaciones lideradas por el Foro de Salud y DD.SS.RR., el que nunca logró trámite ni aprobación parlamentaria.??El proyecto recién aprobado fue presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento luego de que en abril de 2008 el Tribunal Constitucional, TC, declarara la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, las que permitían la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia en el sistema público de salud sobre la base de la equidad en el acceso.

El proyecto promulgado por Bachelet, luego de su paso por comisiones y por la Cámara de Diputados, fue finalmente aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 2009, con 19 votos a favor y siete en contra, e incluso superó exitosamente un último trámite en el Tribunal Constitucional.??A partir de indicaciones hechas por la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear, de la coalición gobernante, la normativa establece que cuando este método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una menor de 14 años, el proveedor o proveedora de salud -en el sistema público o privado de salud- procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo informar posteriormente al padre o madre de la menor o al adulto responsable que ella señale. Esta indicación produjo sendas críticas, por cuanto no respeta las condiciones de confidencialidad tan necesarias en la atención de salud en lo general, y en particular en salud sexual y reproductiva de adolescentes. También se hizo notar a menudo la violencia sexual y los abusos en contra de niñas y adolescentes proceden precisamente del círculo familiar, lo que hace altamente inconveniente la obligación de informar sobre este tipo de atención.??Por otra parte, el texto legal establece el derecho a recibir, en el ciclo de enseñanza media, contenidos que propendan a una sexualidad responsable de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Esto significa que se daría inicio a programas de educación sexual acordes con los valores y principios de la comunidad escolar, superando un enorme vacío en esta materia, y contribuyendo a enfrentar el fenómeno del embarazo adolescente en Chile. Efectivamente, si bien la tasa de fecundidad de las chilenas ha descendido consistentemente en las últimas décadas, esto no ha ocurrido entre las adolescentes, en especial las menores de 14, lo que revela falta de información, problemas de acceso a los servicios y a los métodos de anticoncepción en general, y revela también la existencia de abuso sexual como una problemática no suficientemente dimensionada ni abordada.

Y finalmente en PERÚ, la Comisión Revisora del Código Penal aprobó mantener la despenalización del aborto por violación sexual, en caso de inseminación artificial no consentida y aborto eugenésico, propuesta que será debatida en el Pleno del Congreso. De esta manera, como señala el Movimiento Manuela Ramos, “la aprobación de mantener la despenalización del aborto en situaciones extremas por la Comisión Revisora, obedece a una decisión democrática en el marco de un Estado de Derecho no confesional, que toma en cuenta que es un asunto de salud pública, justicia social, equidad y derechos humanos de las mujeres y es dentro de este marco que deberá centrarse el debate en el Pleno del Congreso”.?

Frente a esta compleja coyuntura regional que demuestra tanto la fragilidad de algunos avances que creíamos consolidados, como también la fortaleza del movimiento de mujeres, es necesario impulsar mayores estrategias de incidencia, abogacía y formación de alianzas. Efectivamente, cuando acabamos de conmemorar los 30 años de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y culminó también el seguimiento de 15 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), dos hitos para la condición de la mujer, se pone en evidencia la necesidad de mayores luchas sociales de las mujeres para la conquista de esa ciudadanía que se construye desde un cuerpo libre y autónomo, y desde un ejercicio de derechos plenos.

¡Sin los derechos humanos de las mujeres, no hay democracia ni hay ciudadanía! ¡Sin el cuerpo autónomo de las mujeres, no hay libertad ni igualdad!

Las mujeres deciden sobre sus cuerpos

El cuerpo de las mujeres debe ser reconocido y respetado como un espacio de autonomía, igualdad, dignidad y libertad para la toma de decisiones. Ninguna institución o persona puede arrogarse el derecho de ejercer violencia, coerción o imposiciones sobre él, independientemente de la edad de la mujer, de su situación social, raza, identidad de género, creencia religiosa o cualquier condición. La capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre su espacio corporal, dice relación con el ejercicio de su ciudadanía plena.

Recordemos que el cuerpo se encuentra protegido por una serie de derechos consagrados en documentos internacionales de valor mundial, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya que con ello se busca garantizar la práctica de la libertad y la autodeterminación humanas.

Sin embargo, frecuentemente el cuerpo de las mujeres es objeto de innumerables  prácticas de dominación y subordinación, como por ejemplo, la maternidad forzada y la negación del aborto libre y seguro, la violencia sexista en todas sus expresiones, el trabajo precario y a menudo en modalidades esclavizantes, la imposición de modelos estéticos irreales y la manipulación perversa de la imagen de la mujer en los medios y en la publicidad, la manipulación de etapas vitales tales como el embarazo, el parto y la menopausia por parte del sistema médico, etc.

Esta apropiación y control del cuerpo de las mujeres ha sido el camino históricamente utilizado por el patriarcado para negar la igualdad plena entre los sexos y para instaurar, a partir de ello, diversos mecanismos de exclusión que incluso hoy, en el tercer milenio, siguen firmemente instalados en nuestras sociedades. El contrato matrimonial y la institución familiar han sido las expresiones más potentes de dicha apropiación, siendo las mujeres subordinadas al padre, en primer lugar, quien aparece en la plenitud de sus privilegios, y a los hermanos, tíos, abuelos y otros parientes masculinos. Para luego ser “traspasadas” al dominio del esposo e incluso al de los hijos varones. Y en su salida a lo público, la discriminación persiste y se expresa en modalidades igualmente perversas: desigualdad en el trabajo y la educación, en el trabajo, en la participación social y política, etc. La permanencia de esta subordinación ha sido favorecida por sinnúmero de factores: la cultura patriarcal, la educación sexista, los modelos de familia tradicionales, el discurso religioso, etc.

Mi cuerpo es mío

Pero sin duda, los reclamos sociales de las mujeres expresados desde hace siglos, finalmente han resquebrajados los cimientos de este sistema excluyente y violatorio de los derechos humanos, y han abierto sendas por donde transitar para la búsqueda de una auténtica justicia de género.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe abre este blog con el deseo de aportar, desde la difusión e intercambio de información, a esta búsqueda de una sociedad más incluyente, no discriminatoria y respetuosa de la igualdad entre mujeres y hombres. Queremos, con ello, ofrecer un espacio abierto al diálogo. Queremos aportar para que las mujeres decidan por ellas mismas, aquello que crean mejor para su vida y para su cuerpo.

Abordaremos temas centrales tales como el aborto, la violencia sexista, la diversidad sexual, la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo vital, los condicionantes sociales de la salud, etc., desde una perspectiva centrada en los derechos humanos y en el género. Y les invitamos a hacerse parte de este canal informativo.