El panorama regional en temas relativos al cuerpo de las mujeres, muestra, por un lado, la permanencia de discursos y acciones fundamentalistas en contra de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por otro, se han dado algunos pasos valiosos que contrarrestan en parte las tendencias conservadoras. Entre las graves transgresiones a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres que están ocurriendo en nuestra región, destacamos los siguientes:

En COLOMBIA, el 22 de octubre de 2009 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, después de que la Corte Constitucional emitiera sentencia que reitera el cumplimiento del aborto legal, y ordena a los Ministerios de Educación y Protección Social poner en marcha un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y de información sobre causales bajo las cuales está despenalizado el aborto. En 2006, dicha Corte emitió la Sentencia C-355 que despenaliza el aborto en casos de violación o incesto, malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y cuando existen riesgos para la salud mental o física de la mujer. A pesar de ello las mujeres tienen obstáculos para su aplicación, principalmente por la objeción de conciencia, por lo cual la Corte avanzó en su reglamentación, la que ahora suspendió el Consejo de Estado.?

En HONDURAS, por otra parte, el gobierno de facto decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), echando pie atrás al veto del depuesto Presidente Zelaya al decreto Ley 154-2009 que establecía dicha prohibición. Ahora el gobierno golpista, respaldado por dictamen del Colegio Médico de Honduras (CMH) que señala que la pastilla tiene efectos abortivos, lo repuso y aprobó.?

En CHILE se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del Ministerio de Salud, que instruye a directivos de servicios de salud sobre trato humanizado y resguardo de la confidencialidad.?

En BRASIL se aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo 1736/2009, enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual contempla la institución de un Estatuto Jurídico que otorgará especiales privilegios a la Iglesia Católica brasileña, a pesar de que masivamente la sociedad civil se manifestó en contra del mismo. La jerarquía católica ha sido la principal opositora a la despenalización del aborto en este país.?

En MÉXICO, en contraste con el significativo logro del Distrito Federal que cuenta con una ley que permite la interrupción legal del embarazo en el primer trimestre de gestación, ley ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 17 estados se ha producido una andanada de propuestas contrarias al derecho a decidir, tratando de impedir avances semejantes e incluso buscando retrocesos en las causales hoy vigentes, como es el aborto legal en caso de violación.?

En NICARAGUA Daniel Ortega pretende ser reelecto para un nuevo período, lo que hace más complejo el panorama de protección de los derechos humanos en el país, considerando que continúa férreamente aliado con los sectores más retrógrados, como ocurrió cuando se aprobó la derogación del aborto terapéutico hace unos años, con el consiguiente impacto en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres.?

No al Artículo 30

En REPÚBLICA DOMINICANA, el Congreso Nacional, a través de su Asamblea Revisora, aprobó en segunda lectura el Artículo 30 del proyecto de Reforma Constitucional del Poder Ejecutivo, que instituye: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, lo que afecta directamente a la interrupción voluntaria del embarazo, e incluso al uso de anticonceptivos. La movilización social y solidaridad nacional e internacional han estado presentes a lo largo de este proceso, sin lograr aún que el articulado sea derogado.

Algunos pasos adelante

Sin embargo, también hay hechos esperanzadores. Este es el caso de ARGENTINA, donde en 2009 se celebró un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, y como es habitual, el tema del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos ocuparon un lugar central de reflexiones, mientras que se mantiene en el país la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la que ha sido distinguida por el nstituto Nacional contra la Discriminació n la Xenofobia y el Racismo (INADI) con el Premio a las Buenas Prácticas 2009.

En BRASIL, por otra parte, la Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que celebró 18 años de existencia, participó en una Audiencia Pública de la Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, para recibir un merecido homenaje por su labor por los derechos humanos de las mujeres; allí presentó su proyecto Trilhas da Saúde das Mulheres, propuesta didáctica que da cuenta de su experiencia en pro de la salud y los derechos de las mujeres.?

Y en COLOMBIA, en respuesta a los ataques contra la sentencia de la Corte Constitucional antes señalada, las organizaciones feministas se han pronunciado firmemente en defensa de la misma, haciendo un llamado “para estar atentas a cualquier irregularidad por parte de cualquier persona o entidad, que haciendo interpretaciones distorsionadas y malintencionadas, pretenda obstruir el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de salud para una Interrupción Voluntaria del Embarazo, dentro de las tres circunstancias señaladas por la Corte Constitucional no constitutivas del delito de aborto” (Mesa por la Salud y por la Vida).

La autonomía del cuerpo

En cuanto a CHILE, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley sobre Orientación, Información y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad. El texto legal permitirá la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia, PAE, a las usuarias de los servicios de salud públicos, lo que, según la mandataria, permite corregir “una tremenda injusticia, estamos consagrando derechos en materia de fertilidad que nos permitirá seguir avanzando, teniendo siempre en mente la salud de la población y los derechos de las mujeres”. ??Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años en la defensa del acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho humano de las mujeres, señalaron que este es un paso fundamental, pero que no resuelve su histórica demanda sobre el Proyecto Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya versión primera fue elaborada el año 2000 por un conjunto de organizaciones lideradas por el Foro de Salud y DD.SS.RR., el que nunca logró trámite ni aprobación parlamentaria.??El proyecto recién aprobado fue presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento luego de que en abril de 2008 el Tribunal Constitucional, TC, declarara la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, las que permitían la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia en el sistema público de salud sobre la base de la equidad en el acceso.

El proyecto promulgado por Bachelet, luego de su paso por comisiones y por la Cámara de Diputados, fue finalmente aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 2009, con 19 votos a favor y siete en contra, e incluso superó exitosamente un último trámite en el Tribunal Constitucional.??A partir de indicaciones hechas por la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear, de la coalición gobernante, la normativa establece que cuando este método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una menor de 14 años, el proveedor o proveedora de salud -en el sistema público o privado de salud- procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo informar posteriormente al padre o madre de la menor o al adulto responsable que ella señale. Esta indicación produjo sendas críticas, por cuanto no respeta las condiciones de confidencialidad tan necesarias en la atención de salud en lo general, y en particular en salud sexual y reproductiva de adolescentes. También se hizo notar a menudo la violencia sexual y los abusos en contra de niñas y adolescentes proceden precisamente del círculo familiar, lo que hace altamente inconveniente la obligación de informar sobre este tipo de atención.??Por otra parte, el texto legal establece el derecho a recibir, en el ciclo de enseñanza media, contenidos que propendan a una sexualidad responsable de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Esto significa que se daría inicio a programas de educación sexual acordes con los valores y principios de la comunidad escolar, superando un enorme vacío en esta materia, y contribuyendo a enfrentar el fenómeno del embarazo adolescente en Chile. Efectivamente, si bien la tasa de fecundidad de las chilenas ha descendido consistentemente en las últimas décadas, esto no ha ocurrido entre las adolescentes, en especial las menores de 14, lo que revela falta de información, problemas de acceso a los servicios y a los métodos de anticoncepción en general, y revela también la existencia de abuso sexual como una problemática no suficientemente dimensionada ni abordada.

Y finalmente en PERÚ, la Comisión Revisora del Código Penal aprobó mantener la despenalización del aborto por violación sexual, en caso de inseminación artificial no consentida y aborto eugenésico, propuesta que será debatida en el Pleno del Congreso. De esta manera, como señala el Movimiento Manuela Ramos, “la aprobación de mantener la despenalización del aborto en situaciones extremas por la Comisión Revisora, obedece a una decisión democrática en el marco de un Estado de Derecho no confesional, que toma en cuenta que es un asunto de salud pública, justicia social, equidad y derechos humanos de las mujeres y es dentro de este marco que deberá centrarse el debate en el Pleno del Congreso”.?

Frente a esta compleja coyuntura regional que demuestra tanto la fragilidad de algunos avances que creíamos consolidados, como también la fortaleza del movimiento de mujeres, es necesario impulsar mayores estrategias de incidencia, abogacía y formación de alianzas. Efectivamente, cuando acabamos de conmemorar los 30 años de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y culminó también el seguimiento de 15 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), dos hitos para la condición de la mujer, se pone en evidencia la necesidad de mayores luchas sociales de las mujeres para la conquista de esa ciudadanía que se construye desde un cuerpo libre y autónomo, y desde un ejercicio de derechos plenos.

¡Sin los derechos humanos de las mujeres, no hay democracia ni hay ciudadanía! ¡Sin el cuerpo autónomo de las mujeres, no hay libertad ni igualdad!