Con apoyo del Fondo de Acción para el Aborto Seguro/Safe Abortion Action Fund, administrado por International Planned Parenthood Federation, IPPF (Londres), la RSMLAC está llevando a cabo actualmente la segunda etapa del proyecto titulado: Construcción de Mesas Ciudadanas para la Despenalización del Aborto Terapéutico en Chile, que se desarrolla a partir de la instalación de Mesas Ciudadanas por el Derecho a Decidir, en cinco regiones de Chile.

Como se plantea en el artículo central de esta sección, Chile no cuenta con ninguna causal o plazo en que se permita la interrupción legal del embarazo. Entre 1931 y 1989 existió la figura del aborto terapéutico en el Código Sanitario, pero fue derogado por la junta militar de la época. Por la condición de procedimiento clandestino, existen estimaciones acerca de los abortos inducidos que se realizan, con cifras que oscilan entre 120 mil a 160 mil al año, al mismo tiempo que alrededor de 30 mil mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas del aborto inseguro.

Considerando la compleja problemática de las mujeres que abortan en condiciones de ilegalidad, a menudo con procedimientos de alto riesgo, y con la amenaza de ser acusadas y castigas penalmente, las organizaciones de mujeres y feministas han hecho del aborto un tema principal de sus agendas. A partir de ello muchas de estas organizaciones se articularon en el proyecto impulsado por la RSMLAC, integrando las Mesas Ciudadanas que buscan generar las condiciones para que a nivel de las personas y las organizaciones sociales se instalen las capacidades organizacionales y los argumentos para reposicionar la discusión sobre la necesidad de implementar el aborto terapéutico en el país.

En el contexto de este proyecto, se realizó recientemente en Santiago un taller de comunicación estratégica para definir los principales ejes que definirían una campaña favorable a la reposición del aborto terapéutico en Chile, identificando cuáles son los actores principales implícitos en la temática y cuáles son los atributos que definirían una línea comunicacional en este ámbito.

Las coordinadoras de las Mesas se refirieron al proceso que dirigen en cada una de las regiones, y respondieron lo que parece ser una interrogante principal: ¿es el aborto terapéutico la demanda real de las mujeres en Chile, como derecho arrebatado, o es una estrategia para exigir aborto libre, seguro y legal? Estas fueron sus respuestas:

Ángela Neira (Región del Bio Bio). Creo que es más conveniente, en una sociedad como la que vivimos, conseguir algunos avances si impulsamos el discurso de reposición del aborto terapéutico, y no el de aborto libre, seguro y legal, aunque este corresponda a nuestra demanda real. Por supuesto, reconocemos que el aborto terapéutico apela a lo médico, y entendemos que le estamos asignando a los grandes poderes un lugar privilegiado, le estamos haciendo “una petición” a los profesionales de la salud para que resuelvan proteger la vida y la salud de las mujeres, para que consideren que esta ley ya existió alguna vez. Entonces, esta estrategia de negociar con estos grades poderes sin duda tiene un límite, pues aunque existan y se acepten las causales para un aborto terapéutico, siempre la mujer estará impedida para decidir por ella misma. Será una junta médica quien decida si el feto es inviable, y será la justicia y la fiscalía la que determinará cuando la mujer ha sido violada y requiere un aborto terapéutico, y serán los médicos quienes determinan si la vida de la mujer está en peligro.  O sea, esta una situación muy limitante para la mujer y para el ejercicio de sus derechos y su autonomía. Sin embargo, reconocemos que la sociedad chilena tiene el peso de ciertos valores muy instalados, como la sobrevaloración del que está por nacer, los derechos del feto que toman primacía sobre los derechos de la mujer, etc., y por ello pensamos que el aborto terapéutico, con las limitaciones que tiene, puede ayudarnos a abrir una brecha y de allí avanzar a otras etapas.

Marcela Arriagada (Región de la Araucanía). En las discusiones que hemos tenido como mesa, reconocemos que la reposición del aborto terapéutico puede plantearse como una demanda mínima de las mujeres, resaltando la necesidad de defender el valor de la vida y la salud de las mujeres. Estos son los ejes alrededor de los cuales nos podemos mover mejor en la lucha por recuperar ese derecho perdido. Asimismo, recalcamos la exigencia de una mayor justicia social, pues claramente la penalización total afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres. Esta es, sin duda, una estrategia que nos sirve de ejercicio para seguir avanzando, ya que estamos ciertas de que hay más posibilidades de convocar a más personas centrándonos en este eje, pues creemos que hay que hacerlo paso a paso.

María Robles (Región de Antofagasta). A partir de este taller hemos podido reconocer que la defensa del aborto –terapéutico en este caso– debe basarse en el valor de  la vida de las mujeres, y en el respeto de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, es importante recalcar que en una región como Antofagasta, cuya principal actividad productiva es la minería, donde se ven tremendas brechas en el acceso a los recursos, y que además es extremadamente machista, sin duda la justicia social es un aspecto que me hace mucho sentido. Allí es fácil advertir cómo se interconectan las inequidades de género con las inequidades por condiciones socioeconómicas. Por ello participar en estas mesas creo que nos permite, o al menos a mí me lo ha permitido, tener una valiosa retroalimentación de lo que sucede en el aborto en las distintas regiones. Y respecto de si debemos centrarnos en el aborto terapéutico, por ahora, considerando las condiciones del país, me parece que es una buena estrategia, sabemos que debemos ir paso a paso.

Rosa Yáñez (Región Metropolitana). Esta tiene bastante claro el hecho de que el discurso del aborto terapéutico es una demanda mínima, es exigir que se salde una deuda de un derecho que fue arrebatado, por supuesto ampliando las causales de riesgo para la vida y salud de la mujer, para incorporar aborto por violación y por malformación fetal grave. Sabemos que hay sectores de mujeres que desean avanzar mucho más allá, pero les pedimos que, generosamente, aporten también a este camino, teniendo claro que un paso posterior será luchar por la libertad de decidir de las mujeres, desde un enfoque amplio.

Esta mesa está coordinada por el Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que ha sido líder en defender públicamente el aborto y la maternidad libre como una decisión de las mujeres. Pues ahora, estratégicamente, estamos colocando el acento en aborto terapéutico.

Fresia Avendaño (Región de Valparaíso). Desde nuestra experiencia de trabajo con mujeres, tenemos la certeza de que en primer lugar hay que hablar de aborto en este país.  Hay que despenalizar el debate, muchas veces coartado por los poderes fácticos. Nosotras hemos visto la situación de las mujeres pobres que arriesgan su vida en procedimientos peligrosos con graves consecuencias para su salud física y mental. Hemos podido darnos cuenta del absoluto desprecio con que la sociedad considera a las mujeres que se plantean interrumpor sus embarazos que no desean, o que las colocan en riesgo, o que gestan a fetos inviables y que están obligadas a mantener ese embarazo hasta el final. En general, el personal de salud no tiene consideración respecto de estos sufrimiento, como tampoco lo tienen los políticos, los legisladores ni la sociedad en general. La famosa agenda valórica de los políticos y de los sacerdotes solo tiene aplicación cuando se trata del cuerpo de las mujeres, cuando se trata de sus decisiones libres, la impresión es que esa autonomía les asusta. Por ello es importante y urgente levantar una campaña nacional de despenalización del aborto en Chile, aunque en una primera etapa pueda tener un énfasis en el aborto terapéutico.

El imaginario colectivo que predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en relación al aborto inducido es que esta práctica es un crimen y, por ende, viola las normas sociales y morales vigentes. A partir de ello, las mujeres que abortan siempre serán criminales que deben y necesitan recibir una sanción, tanto penal como social. La condición de ilegalidad del aborto, la tradicional postura condenatoria de las iglesias, la renuencia de los medios de comunicación a profundizar en sus causales, los Estados que se niegan a involucrarse y a asumir los costos políticos que ello conllevaría, son todos factores que determinan que el aborto no esté nunca incorporado a las agendas o debates públicos.

Demandas en Chile por el aborto seguro y legal

Y no se trata de que haya silencio al respecto, sino que lo se habla y discute siempre partirá de la premisa que el aborto es un delito. Entonces, han sido los discursos públicos ideologizados –religiosos, culturales, mediáticos, políticos, simbólicos, demográficos, sanitarios– los que se han encargado de instalar, moldear y reforzar el imaginario sobre el aborto como sinónimo de crimen odioso. Así como también de los derechos de las mujeres forzosamente supeditados a los derechos del embrión/feto (reconocido en calidad de persona). Esta falsa dicotomía –criminal/inocente, a favor o en contra– no ha permitido avanzar en el reconocimiento de la realidad compleja del aborto inducido, sino que también impide que las mujeres que en algún momento han abortado o se aprestan a hacerlo por razones diversas, puedan asumir su decisión como un ejercicio de derechos sobre su corporalidad, sobre su reproducción, en definitiva, sobre su vida. Por el contrario, a menudo abortan atenazadas por la culpa, la condena social, y por el temor a ser encarceladas o sucumbir en abortos clandestinos e insalubres.

Es significativo, sin embargo, el hecho de que el aborto inducido es una realidad que atraviesa a todos los países, a todas las comunidades y afecta a las mujeres ya sea en cuerpo propio o en el cuerpo de hermanas, amigas, hijas, madres. Desde esta perspectiva, ha estado presente en todas las épocas y su número es muy alto en todas las regiones. Por ejemplo, recientes investigaciones del Instituto Alan Guttmacher, señalan que el número total de abortos que hoy se practican en el mundo muestra una tendencia al descenso. En el período que va desde 1995 a 2003 bajó de 45.5 millones a 41.6 millones, cifra considerable que deja de manifiesto que las mujeres y parejas no están accediendo a los medios que les permitan evitar embarazos no deseados o no planificados. Este total abarca todos los abortos, sean seguros e inseguros. Los abortos inseguros, específicamente, que en el año 1995 alcanzaron a 19.9 millones, en 2003 fueron 19.7 millones, es decir, mostraron un leve descenso.

Por lo tanto, la caída en el número total de abortos correspondió específicamente a una baja en la tasa de abortos seguros: de 20 a 15 por cada 1.000 mujeres de 15-44 años, mientras que la tasa de abortos inseguros declinó levemente: de 15 a 14 por 1.000. En tanto que la tasa global de abortos bajó de 35 a 29 por 1.000.

En relación a las consecuencias del aborto inseguro, desde fines de la década de los 90 se mantiene casi inalterada la cifra de 70 mil mujeres muertas cada año a efectos de las complicaciones de abortos inseguros, mientras que aproximadamente 8 millones requieren tratamiento médico por dichas complicaciones, pero solo 5 millones lo reciben efectivamente.

Es significativo, por otra parte, constatar que en aquellos países donde el aborto está penalizado severamente, las mujeres continúan interrumpiendo sus embarazos con riesgo de sus vidas, con temor a la denuncia, con miedo a ir a la cárcel, lo que pone en evidencia que las leyes punitivas son fracasos legislativos pues no se acatan ni se respetan ni logran cambiar conductas.

Sin embargo, es importante destacar que desde 1997, 22 países o áreas administrativas dentro de países han cambiado o flexibilizado sus legislaciones. En 19 de ellos, los criterios para permitir el aborto impune fueron ampliados, pero en 3 fueron restringidos. Latinoamérica y África continúan siendo las regiones donde el aborto permanece mayormente penalizado, mientras que globalmente un 40% de las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) vive en países con legislaciones que prohíben el aborto totalmente, o lo permiten solamente para proteger la vida o salud de la mujer.

América Latina y el Caribe muestra una situación particular. Como región marcada por la predominancia de la religión católica, persiste en ella un castigo social sobre todo lo que se relaciona con la libertad de decisión de las personas sobre sus cuerpos, y la sexualidad es un terreno que muestra escasas oportunidades para la autonomía real. El aborto, por ende, es objeto de leyes penalizadoras, extremadamente restrictivas, y los escasos resquicios en que se permite el aborto impune, con frecuencia son difíciles de lograr su implementación.

Entre los países que con mayor dureza castigan esta práctica, Chile es uno de ellos, y también Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Si bien en la región se han producido avances, como el ocurrido en el Distrito Federal de México y en Colombia, y aperturas posibles en Uruguay y Argentina, lo cierto es que el panorama general es desalentador.

En la proximidad del próximo 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, campaña que a partir de este año se coordina a través de organizaciones de mujeres dominicanas, es necesario fortalecer nuestros discursos y estrategias para lograr romper tanto el cerco cultural en contra del derecho a decidir, como la acción fundamentalista liderada especialmente por las jerarquías eclesiásticas y sus aliados, que insisten en erigirse en conductores morales de la sociedad toda.

Para mayores antecedentes, acceda a nuestra Revista Mujer Salud 2-2010, cuya sección Temas está dedicada a analizar este tópico relevante sobre la salud y derechos humanos de las mujeres.

Mi cuerpo es mío

Irlanda, Alemania, Estados Unidos, España, Austria, Holanda, Suiza, México, Brasil, son solo algunas de las muchas naciones donde  han explotado noticias sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Los que, sin embargo, continúan siendo minimizados por la alta jerarquía eclesiástica, encabezada por el Papa Benedicto XVI. Esto fue notorio en las ceremonias de Semana Santa, cuando altos jerarcas argumentaron la existencia de ataques políticos contra la Iglesia y el Papa, negándose a asumir la gravedad de las acusaciones que ponen en cuestión a  una entidad  que históricamente se ha arrogado la tutela moral de toda la humanidad.

Incluso, el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en su visita a Chile, señaló que el celibato no es un factor que favorece la pederastia entre los religiosos, sino que asimiló la orientación sexual diversa con los abusos a niños.

Por otra parte, la reciente difusión de una carta firmada por Ratzinger cuando era Cardenal, en la década de los 80, sugiriendo no expulsar a un sacerdote de Oakland, EE.UU., acusado de abuso sexual, para proteger el “bien de la Iglesia Universal”, profundizó más esta crisis.

Efectivamente, el Vaticano habría analizado acusaciones sobre 3.000 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en los últimos 50 años, pero solo el 20% de ellos habría concluido en un proceso penal y administrativo, lo que demuestra la existencia de un ocultamiento deliberado desde las autoridades y organismos encargados.

Sin duda, uno de los hechos más escandalosos y que ha tenido mayor impacto en la opinion pública mundial fue el relacionado con el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, cuyos abusos afectaron a sus propios hijos (había contraido matrimonio en México, con identidad falsa), centenares de menores de edad y seminaristas.

Asimismo, y junto a las acusaciones de violación y estupro cometidos contra niños internos en colegios católicos, niños discapacitados y niños de la calle, en las últimas décadas se han denunciado innumerables abusos contra niños, niñas y mujeres que participan de comunidades de iglesia, así como también atroces violaciones contra religiosas, muchas de las cuales fueron forzadas a abortar tras quedar embarazadas, como se documentó en África.

Todas estas atrocidades han colocado en tela de juicio la autoridad de una Iglesia que durante siglos se ha arrogado la tutela moral de las personas, imponiéndola con total rigidez, mientras ha ocultado celosamente sus deleznables prácticas privadas. El control disciplinario de la Iglesia Católica se ha ejercido con especial dureza sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las y los jóvenes, y de la diversidad sexual, buscando impedir la autodeterminación de las personas sobre su espacio corporal, en especial en lo relativo al aborto seguro y legal, a la maternidad voluntaria, y a la libertad sexual.??

En las últimas décadas, gracias al trabajo permanente de organizaciones de la sociedad civil, en especial grupos de mujeres y de la diversidad sexual, el peso del discurso ideológico de la Iglesia Católica sobre las personas, las familias, las instituciones y los Estados, ha comenzado a ser desafiado.

Hoy, más que nunca, surgen voces disidentes que piden, desde el mismo interior de la Iglesia, una mayor transparencia y respeto a la diversidad de pensamiento y valores, mientras que las organizaciones de la sociedad civil se involucran en la defensa del Estado laico como condición ineludible para la democracia, exigiendo el fin de esta arbitraria dictadura moral que ha impuesto su peso con la venia de muchos sectores, sea gobiernos, partidos políticos y movimientos conservadores.

Este año el movimiento internacional de mujeres conmemorará los cien años de la fecha más emblemática de todas sus luchas reivindicativas: el Día Internacional de la Mujer. Fue en 1910, en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas realizado en Copenhague, Dinamarca, cuando la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, propuso la instauración de este histórico día. La propuesta surgió a partir del reconocimiento de la fuerza, coraje y tesón de las mujeres que, desde hace décadas, bregaban por el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras y como ciudadanas, encontrando múltiples barreras en este caminar hacia el ejercicio de derechos.

Efectivamente, por esos años, obreras, empleadas y mujeres de diversos ámbitos y en distintos países, expresaban en las calles, en los sindicatos, en las fábricas, sus demandas urgentes de igualdad de trato, salario justo y buenas condiciones laborales, interpelando, además, a la sociedad en su conjunto para lograr una participación social y política igualitaria. Y lo hicieron incluso a costa de sus propias vidas, siendo a menudo reprimidas con violencia por patrones y fuerzas de seguridad. Hasta hoy quedan en la memoria colectiva las muertas por esta causa en Estados Unidos, en países de Europa, en América Latina. En la década de los años 70 del siglo pasado, esta fecha trascendental fue también asumida por el movimiento feminista, lo que implicó incorporar al 8 de Marzo otros temas relacionados con el cuerpo de las mujeres, con su autonomía y libertad, con la maternidad voluntaria, con la libre opción sexual, con el derecho al aborto, todo ello inserto en el trascendental paradigma de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos. Esta amplísima agenda de reivindicaciones de las mujeres buscó así abarcar todos aquellos tópicos que dicen relación con la condición de la mujer y su calidad de vida, condición que ha sufrido nuevas y graves violaciones a partir de la instauración de los modelos económicos neoliberales que en las últimas décadas han profundizado hasta límites indecibles la discriminación y exclusión de diversos colectivos, entre ellos, el de las mujeres. Por lo tanto, en 2010, cuando culmina la primera década del Tercer Milenio, el centenario del Día Internacional de la Mujer debe ser conmemorado desde la perspectiva de los avances obtenidos, pero también de los múltiples desafíos que nos plantea el contexto actual. En este sentido, podemos afirmar que los cambios más significativos para las mujeres en las últimas décadas han sido el reconocimiento formal de derechos y algún grado de avance hacia su pleno ejercicio, por cierto más logrado en algunos países que otros. Y en el marco jurídico, la conquista de convenciones y tratados internacionales que se han transformado en ley para muchos países.

Asimismo, las mujeres han irrumpido en el mercado laboral, en la educación y las ciencias, en la cultura, en la política, desvinculándose del ámbito doméstico donde fueron confinadas por siglos. Esto ha sido consecuencia de la movilización de las mujeres organizadas que, a partir de sus luchas sociales y de su capacidad de incidencia en los espacios

Conmemorando el 8 de Marzo

públicos, “han logrado un importante cambio en la percepción simbólico cultural de las sociedades respecto del lugar de la mujer y de la construcción de su ciudadanía” (Millán, Cecilia. Derechos humanos, más humanos, 2000). Pero, como agrega esta autora, en general “persiste el supuesto de la existencia de un ciudadano productivo asociado al paradigma masculino, en el cual el hombre es el principal proveedor de la familia y el detentor de los derechos sociales y económicos, lo que fundamenta muchas de las políticas sociales y económicas de nuestros países”, con el consiguiente estancamiento de las mujeres, constreñidas en una ciudadanía incompleta. Incompleta porque el poder político, el poder social, el poder económico, el poder en las leyes, el poder en el ámbito de las relaciones sexo-afectivas, sigue otorgándosele al varón, lo que perpetúa la dualidad hombre-dominador y mujer-subordinada. Esta hegemonía en el control del poder persiste porfiadamente porque la estructura patriarcal de nuestras sociedades permanece incólume. Entonces, a pesar de la existencia de tratados y convenciones de DDHH y del reconocimiento formal de derechos, la cotidianidad en la vida de millones de mujeres y niñas continúa atravesada por iniquidades tales como explotación sexual y laboral, violencia sexista en diversas expresiones, heterosexualidad obligada, maternidad impuesta, división sexual del trabajo no cuestionada y dobles y triples jornadas sobre las espaldas de las mujeres, modelos sexistas que traspasan los sistemas educativos, los medios de comunicación de masa, el lenguaje cotidiano, entre otras

El reto para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista, para las mujeres todas, sigue siendo perentorio: desafiar, a través de cambios culturales urgentes, la construcción social de los géneros que impera porfiadamente y determina la discriminación de las mujeres. Instaurar una justicia de género, como ha señalado Marcela Lagarde, debe ser la meta para hacer de nuestras sociedades un mundo más ético y digno de ser vivido.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe trabaja para aportar a esa construcción social más justa y más ética a través de la implementación de todos sus programas, articulando a una membresía diversa que refleja una diversidad de voces: mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, mayores, estudiantes y académicas, obreras y campesinas, mujeres de base y dirigentas. Y en este año se une, además, al llamado a la acción para homenajear especialmente a las activistas haitianas muertas en el sismo reciente, quienes simbolizan todas las luchas y todas las acciones de las mujeres del mundo para la conquista de sus derechos. Por Miriam Merlet, por Magaly Marcelin, por Anne-Marie Coriolan, hagamos de este centenario del 8 de Marzo, una nueva jornada de reivindicaciones de las mujeres todas.

Mayores informaciones sobre el homenaje a estas liderezas en: Radio Internacional Feminista (Ver Enlaces).

Fuente: Boletina Mujer SaludHable, RSMLAC. Año IX, Nº 1, febrero 2010.

El panorama regional en temas relativos al cuerpo de las mujeres, muestra, por un lado, la permanencia de discursos y acciones fundamentalistas en contra de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por otro, se han dado algunos pasos valiosos que contrarrestan en parte las tendencias conservadoras. Entre las graves transgresiones a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres que están ocurriendo en nuestra región, destacamos los siguientes:

En COLOMBIA, el 22 de octubre de 2009 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, después de que la Corte Constitucional emitiera sentencia que reitera el cumplimiento del aborto legal, y ordena a los Ministerios de Educación y Protección Social poner en marcha un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y de información sobre causales bajo las cuales está despenalizado el aborto. En 2006, dicha Corte emitió la Sentencia C-355 que despenaliza el aborto en casos de violación o incesto, malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y cuando existen riesgos para la salud mental o física de la mujer. A pesar de ello las mujeres tienen obstáculos para su aplicación, principalmente por la objeción de conciencia, por lo cual la Corte avanzó en su reglamentación, la que ahora suspendió el Consejo de Estado.?

En HONDURAS, por otra parte, el gobierno de facto decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), echando pie atrás al veto del depuesto Presidente Zelaya al decreto Ley 154-2009 que establecía dicha prohibición. Ahora el gobierno golpista, respaldado por dictamen del Colegio Médico de Honduras (CMH) que señala que la pastilla tiene efectos abortivos, lo repuso y aprobó.?

En CHILE se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del Ministerio de Salud, que instruye a directivos de servicios de salud sobre trato humanizado y resguardo de la confidencialidad.?

En BRASIL se aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo 1736/2009, enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual contempla la institución de un Estatuto Jurídico que otorgará especiales privilegios a la Iglesia Católica brasileña, a pesar de que masivamente la sociedad civil se manifestó en contra del mismo. La jerarquía católica ha sido la principal opositora a la despenalización del aborto en este país.?

En MÉXICO, en contraste con el significativo logro del Distrito Federal que cuenta con una ley que permite la interrupción legal del embarazo en el primer trimestre de gestación, ley ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 17 estados se ha producido una andanada de propuestas contrarias al derecho a decidir, tratando de impedir avances semejantes e incluso buscando retrocesos en las causales hoy vigentes, como es el aborto legal en caso de violación.?

En NICARAGUA Daniel Ortega pretende ser reelecto para un nuevo período, lo que hace más complejo el panorama de protección de los derechos humanos en el país, considerando que continúa férreamente aliado con los sectores más retrógrados, como ocurrió cuando se aprobó la derogación del aborto terapéutico hace unos años, con el consiguiente impacto en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres.?

No al Artículo 30

En REPÚBLICA DOMINICANA, el Congreso Nacional, a través de su Asamblea Revisora, aprobó en segunda lectura el Artículo 30 del proyecto de Reforma Constitucional del Poder Ejecutivo, que instituye: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, lo que afecta directamente a la interrupción voluntaria del embarazo, e incluso al uso de anticonceptivos. La movilización social y solidaridad nacional e internacional han estado presentes a lo largo de este proceso, sin lograr aún que el articulado sea derogado.

Algunos pasos adelante

Sin embargo, también hay hechos esperanzadores. Este es el caso de ARGENTINA, donde en 2009 se celebró un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, y como es habitual, el tema del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos ocuparon un lugar central de reflexiones, mientras que se mantiene en el país la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la que ha sido distinguida por el nstituto Nacional contra la Discriminació n la Xenofobia y el Racismo (INADI) con el Premio a las Buenas Prácticas 2009.

En BRASIL, por otra parte, la Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que celebró 18 años de existencia, participó en una Audiencia Pública de la Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, para recibir un merecido homenaje por su labor por los derechos humanos de las mujeres; allí presentó su proyecto Trilhas da Saúde das Mulheres, propuesta didáctica que da cuenta de su experiencia en pro de la salud y los derechos de las mujeres.?

Y en COLOMBIA, en respuesta a los ataques contra la sentencia de la Corte Constitucional antes señalada, las organizaciones feministas se han pronunciado firmemente en defensa de la misma, haciendo un llamado “para estar atentas a cualquier irregularidad por parte de cualquier persona o entidad, que haciendo interpretaciones distorsionadas y malintencionadas, pretenda obstruir el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de salud para una Interrupción Voluntaria del Embarazo, dentro de las tres circunstancias señaladas por la Corte Constitucional no constitutivas del delito de aborto” (Mesa por la Salud y por la Vida).

La autonomía del cuerpo

En cuanto a CHILE, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley sobre Orientación, Información y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad. El texto legal permitirá la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia, PAE, a las usuarias de los servicios de salud públicos, lo que, según la mandataria, permite corregir “una tremenda injusticia, estamos consagrando derechos en materia de fertilidad que nos permitirá seguir avanzando, teniendo siempre en mente la salud de la población y los derechos de las mujeres”. ??Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años en la defensa del acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho humano de las mujeres, señalaron que este es un paso fundamental, pero que no resuelve su histórica demanda sobre el Proyecto Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya versión primera fue elaborada el año 2000 por un conjunto de organizaciones lideradas por el Foro de Salud y DD.SS.RR., el que nunca logró trámite ni aprobación parlamentaria.??El proyecto recién aprobado fue presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento luego de que en abril de 2008 el Tribunal Constitucional, TC, declarara la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, las que permitían la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia en el sistema público de salud sobre la base de la equidad en el acceso.

El proyecto promulgado por Bachelet, luego de su paso por comisiones y por la Cámara de Diputados, fue finalmente aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 2009, con 19 votos a favor y siete en contra, e incluso superó exitosamente un último trámite en el Tribunal Constitucional.??A partir de indicaciones hechas por la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear, de la coalición gobernante, la normativa establece que cuando este método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una menor de 14 años, el proveedor o proveedora de salud -en el sistema público o privado de salud- procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo informar posteriormente al padre o madre de la menor o al adulto responsable que ella señale. Esta indicación produjo sendas críticas, por cuanto no respeta las condiciones de confidencialidad tan necesarias en la atención de salud en lo general, y en particular en salud sexual y reproductiva de adolescentes. También se hizo notar a menudo la violencia sexual y los abusos en contra de niñas y adolescentes proceden precisamente del círculo familiar, lo que hace altamente inconveniente la obligación de informar sobre este tipo de atención.??Por otra parte, el texto legal establece el derecho a recibir, en el ciclo de enseñanza media, contenidos que propendan a una sexualidad responsable de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Esto significa que se daría inicio a programas de educación sexual acordes con los valores y principios de la comunidad escolar, superando un enorme vacío en esta materia, y contribuyendo a enfrentar el fenómeno del embarazo adolescente en Chile. Efectivamente, si bien la tasa de fecundidad de las chilenas ha descendido consistentemente en las últimas décadas, esto no ha ocurrido entre las adolescentes, en especial las menores de 14, lo que revela falta de información, problemas de acceso a los servicios y a los métodos de anticoncepción en general, y revela también la existencia de abuso sexual como una problemática no suficientemente dimensionada ni abordada.

Y finalmente en PERÚ, la Comisión Revisora del Código Penal aprobó mantener la despenalización del aborto por violación sexual, en caso de inseminación artificial no consentida y aborto eugenésico, propuesta que será debatida en el Pleno del Congreso. De esta manera, como señala el Movimiento Manuela Ramos, “la aprobación de mantener la despenalización del aborto en situaciones extremas por la Comisión Revisora, obedece a una decisión democrática en el marco de un Estado de Derecho no confesional, que toma en cuenta que es un asunto de salud pública, justicia social, equidad y derechos humanos de las mujeres y es dentro de este marco que deberá centrarse el debate en el Pleno del Congreso”.?

Frente a esta compleja coyuntura regional que demuestra tanto la fragilidad de algunos avances que creíamos consolidados, como también la fortaleza del movimiento de mujeres, es necesario impulsar mayores estrategias de incidencia, abogacía y formación de alianzas. Efectivamente, cuando acabamos de conmemorar los 30 años de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y culminó también el seguimiento de 15 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), dos hitos para la condición de la mujer, se pone en evidencia la necesidad de mayores luchas sociales de las mujeres para la conquista de esa ciudadanía que se construye desde un cuerpo libre y autónomo, y desde un ejercicio de derechos plenos.

¡Sin los derechos humanos de las mujeres, no hay democracia ni hay ciudadanía! ¡Sin el cuerpo autónomo de las mujeres, no hay libertad ni igualdad!