Con apoyo del Fondo de Acción para el Aborto Seguro/Safe Abortion Action Fund, administrado por International Planned Parenthood Federation, IPPF (Londres), la RSMLAC está llevando a cabo actualmente la segunda etapa del proyecto titulado: Construcción de Mesas Ciudadanas para la Despenalización del Aborto Terapéutico en Chile, que se desarrolla a partir de la instalación de Mesas Ciudadanas por el Derecho a Decidir, en cinco regiones de Chile.

Como se plantea en el artículo central de esta sección, Chile no cuenta con ninguna causal o plazo en que se permita la interrupción legal del embarazo. Entre 1931 y 1989 existió la figura del aborto terapéutico en el Código Sanitario, pero fue derogado por la junta militar de la época. Por la condición de procedimiento clandestino, existen estimaciones acerca de los abortos inducidos que se realizan, con cifras que oscilan entre 120 mil a 160 mil al año, al mismo tiempo que alrededor de 30 mil mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas del aborto inseguro.

Considerando la compleja problemática de las mujeres que abortan en condiciones de ilegalidad, a menudo con procedimientos de alto riesgo, y con la amenaza de ser acusadas y castigas penalmente, las organizaciones de mujeres y feministas han hecho del aborto un tema principal de sus agendas. A partir de ello muchas de estas organizaciones se articularon en el proyecto impulsado por la RSMLAC, integrando las Mesas Ciudadanas que buscan generar las condiciones para que a nivel de las personas y las organizaciones sociales se instalen las capacidades organizacionales y los argumentos para reposicionar la discusión sobre la necesidad de implementar el aborto terapéutico en el país.

En el contexto de este proyecto, se realizó recientemente en Santiago un taller de comunicación estratégica para definir los principales ejes que definirían una campaña favorable a la reposición del aborto terapéutico en Chile, identificando cuáles son los actores principales implícitos en la temática y cuáles son los atributos que definirían una línea comunicacional en este ámbito.

Las coordinadoras de las Mesas se refirieron al proceso que dirigen en cada una de las regiones, y respondieron lo que parece ser una interrogante principal: ¿es el aborto terapéutico la demanda real de las mujeres en Chile, como derecho arrebatado, o es una estrategia para exigir aborto libre, seguro y legal? Estas fueron sus respuestas:

Ángela Neira (Región del Bio Bio). Creo que es más conveniente, en una sociedad como la que vivimos, conseguir algunos avances si impulsamos el discurso de reposición del aborto terapéutico, y no el de aborto libre, seguro y legal, aunque este corresponda a nuestra demanda real. Por supuesto, reconocemos que el aborto terapéutico apela a lo médico, y entendemos que le estamos asignando a los grandes poderes un lugar privilegiado, le estamos haciendo “una petición” a los profesionales de la salud para que resuelvan proteger la vida y la salud de las mujeres, para que consideren que esta ley ya existió alguna vez. Entonces, esta estrategia de negociar con estos grades poderes sin duda tiene un límite, pues aunque existan y se acepten las causales para un aborto terapéutico, siempre la mujer estará impedida para decidir por ella misma. Será una junta médica quien decida si el feto es inviable, y será la justicia y la fiscalía la que determinará cuando la mujer ha sido violada y requiere un aborto terapéutico, y serán los médicos quienes determinan si la vida de la mujer está en peligro.  O sea, esta una situación muy limitante para la mujer y para el ejercicio de sus derechos y su autonomía. Sin embargo, reconocemos que la sociedad chilena tiene el peso de ciertos valores muy instalados, como la sobrevaloración del que está por nacer, los derechos del feto que toman primacía sobre los derechos de la mujer, etc., y por ello pensamos que el aborto terapéutico, con las limitaciones que tiene, puede ayudarnos a abrir una brecha y de allí avanzar a otras etapas.

Marcela Arriagada (Región de la Araucanía). En las discusiones que hemos tenido como mesa, reconocemos que la reposición del aborto terapéutico puede plantearse como una demanda mínima de las mujeres, resaltando la necesidad de defender el valor de la vida y la salud de las mujeres. Estos son los ejes alrededor de los cuales nos podemos mover mejor en la lucha por recuperar ese derecho perdido. Asimismo, recalcamos la exigencia de una mayor justicia social, pues claramente la penalización total afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres. Esta es, sin duda, una estrategia que nos sirve de ejercicio para seguir avanzando, ya que estamos ciertas de que hay más posibilidades de convocar a más personas centrándonos en este eje, pues creemos que hay que hacerlo paso a paso.

María Robles (Región de Antofagasta). A partir de este taller hemos podido reconocer que la defensa del aborto –terapéutico en este caso– debe basarse en el valor de  la vida de las mujeres, y en el respeto de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, es importante recalcar que en una región como Antofagasta, cuya principal actividad productiva es la minería, donde se ven tremendas brechas en el acceso a los recursos, y que además es extremadamente machista, sin duda la justicia social es un aspecto que me hace mucho sentido. Allí es fácil advertir cómo se interconectan las inequidades de género con las inequidades por condiciones socioeconómicas. Por ello participar en estas mesas creo que nos permite, o al menos a mí me lo ha permitido, tener una valiosa retroalimentación de lo que sucede en el aborto en las distintas regiones. Y respecto de si debemos centrarnos en el aborto terapéutico, por ahora, considerando las condiciones del país, me parece que es una buena estrategia, sabemos que debemos ir paso a paso.

Rosa Yáñez (Región Metropolitana). Esta tiene bastante claro el hecho de que el discurso del aborto terapéutico es una demanda mínima, es exigir que se salde una deuda de un derecho que fue arrebatado, por supuesto ampliando las causales de riesgo para la vida y salud de la mujer, para incorporar aborto por violación y por malformación fetal grave. Sabemos que hay sectores de mujeres que desean avanzar mucho más allá, pero les pedimos que, generosamente, aporten también a este camino, teniendo claro que un paso posterior será luchar por la libertad de decidir de las mujeres, desde un enfoque amplio.

Esta mesa está coordinada por el Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que ha sido líder en defender públicamente el aborto y la maternidad libre como una decisión de las mujeres. Pues ahora, estratégicamente, estamos colocando el acento en aborto terapéutico.

Fresia Avendaño (Región de Valparaíso). Desde nuestra experiencia de trabajo con mujeres, tenemos la certeza de que en primer lugar hay que hablar de aborto en este país.  Hay que despenalizar el debate, muchas veces coartado por los poderes fácticos. Nosotras hemos visto la situación de las mujeres pobres que arriesgan su vida en procedimientos peligrosos con graves consecuencias para su salud física y mental. Hemos podido darnos cuenta del absoluto desprecio con que la sociedad considera a las mujeres que se plantean interrumpor sus embarazos que no desean, o que las colocan en riesgo, o que gestan a fetos inviables y que están obligadas a mantener ese embarazo hasta el final. En general, el personal de salud no tiene consideración respecto de estos sufrimiento, como tampoco lo tienen los políticos, los legisladores ni la sociedad en general. La famosa agenda valórica de los políticos y de los sacerdotes solo tiene aplicación cuando se trata del cuerpo de las mujeres, cuando se trata de sus decisiones libres, la impresión es que esa autonomía les asusta. Por ello es importante y urgente levantar una campaña nacional de despenalización del aborto en Chile, aunque en una primera etapa pueda tener un énfasis en el aborto terapéutico.

El imaginario colectivo que predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en relación al aborto inducido es que esta práctica es un crimen y, por ende, viola las normas sociales y morales vigentes. A partir de ello, las mujeres que abortan siempre serán criminales que deben y necesitan recibir una sanción, tanto penal como social. La condición de ilegalidad del aborto, la tradicional postura condenatoria de las iglesias, la renuencia de los medios de comunicación a profundizar en sus causales, los Estados que se niegan a involucrarse y a asumir los costos políticos que ello conllevaría, son todos factores que determinan que el aborto no esté nunca incorporado a las agendas o debates públicos.

Demandas en Chile por el aborto seguro y legal

Y no se trata de que haya silencio al respecto, sino que lo se habla y discute siempre partirá de la premisa que el aborto es un delito. Entonces, han sido los discursos públicos ideologizados –religiosos, culturales, mediáticos, políticos, simbólicos, demográficos, sanitarios– los que se han encargado de instalar, moldear y reforzar el imaginario sobre el aborto como sinónimo de crimen odioso. Así como también de los derechos de las mujeres forzosamente supeditados a los derechos del embrión/feto (reconocido en calidad de persona). Esta falsa dicotomía –criminal/inocente, a favor o en contra– no ha permitido avanzar en el reconocimiento de la realidad compleja del aborto inducido, sino que también impide que las mujeres que en algún momento han abortado o se aprestan a hacerlo por razones diversas, puedan asumir su decisión como un ejercicio de derechos sobre su corporalidad, sobre su reproducción, en definitiva, sobre su vida. Por el contrario, a menudo abortan atenazadas por la culpa, la condena social, y por el temor a ser encarceladas o sucumbir en abortos clandestinos e insalubres.

Es significativo, sin embargo, el hecho de que el aborto inducido es una realidad que atraviesa a todos los países, a todas las comunidades y afecta a las mujeres ya sea en cuerpo propio o en el cuerpo de hermanas, amigas, hijas, madres. Desde esta perspectiva, ha estado presente en todas las épocas y su número es muy alto en todas las regiones. Por ejemplo, recientes investigaciones del Instituto Alan Guttmacher, señalan que el número total de abortos que hoy se practican en el mundo muestra una tendencia al descenso. En el período que va desde 1995 a 2003 bajó de 45.5 millones a 41.6 millones, cifra considerable que deja de manifiesto que las mujeres y parejas no están accediendo a los medios que les permitan evitar embarazos no deseados o no planificados. Este total abarca todos los abortos, sean seguros e inseguros. Los abortos inseguros, específicamente, que en el año 1995 alcanzaron a 19.9 millones, en 2003 fueron 19.7 millones, es decir, mostraron un leve descenso.

Por lo tanto, la caída en el número total de abortos correspondió específicamente a una baja en la tasa de abortos seguros: de 20 a 15 por cada 1.000 mujeres de 15-44 años, mientras que la tasa de abortos inseguros declinó levemente: de 15 a 14 por 1.000. En tanto que la tasa global de abortos bajó de 35 a 29 por 1.000.

En relación a las consecuencias del aborto inseguro, desde fines de la década de los 90 se mantiene casi inalterada la cifra de 70 mil mujeres muertas cada año a efectos de las complicaciones de abortos inseguros, mientras que aproximadamente 8 millones requieren tratamiento médico por dichas complicaciones, pero solo 5 millones lo reciben efectivamente.

Es significativo, por otra parte, constatar que en aquellos países donde el aborto está penalizado severamente, las mujeres continúan interrumpiendo sus embarazos con riesgo de sus vidas, con temor a la denuncia, con miedo a ir a la cárcel, lo que pone en evidencia que las leyes punitivas son fracasos legislativos pues no se acatan ni se respetan ni logran cambiar conductas.

Sin embargo, es importante destacar que desde 1997, 22 países o áreas administrativas dentro de países han cambiado o flexibilizado sus legislaciones. En 19 de ellos, los criterios para permitir el aborto impune fueron ampliados, pero en 3 fueron restringidos. Latinoamérica y África continúan siendo las regiones donde el aborto permanece mayormente penalizado, mientras que globalmente un 40% de las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) vive en países con legislaciones que prohíben el aborto totalmente, o lo permiten solamente para proteger la vida o salud de la mujer.

América Latina y el Caribe muestra una situación particular. Como región marcada por la predominancia de la religión católica, persiste en ella un castigo social sobre todo lo que se relaciona con la libertad de decisión de las personas sobre sus cuerpos, y la sexualidad es un terreno que muestra escasas oportunidades para la autonomía real. El aborto, por ende, es objeto de leyes penalizadoras, extremadamente restrictivas, y los escasos resquicios en que se permite el aborto impune, con frecuencia son difíciles de lograr su implementación.

Entre los países que con mayor dureza castigan esta práctica, Chile es uno de ellos, y también Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Si bien en la región se han producido avances, como el ocurrido en el Distrito Federal de México y en Colombia, y aperturas posibles en Uruguay y Argentina, lo cierto es que el panorama general es desalentador.

En la proximidad del próximo 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, campaña que a partir de este año se coordina a través de organizaciones de mujeres dominicanas, es necesario fortalecer nuestros discursos y estrategias para lograr romper tanto el cerco cultural en contra del derecho a decidir, como la acción fundamentalista liderada especialmente por las jerarquías eclesiásticas y sus aliados, que insisten en erigirse en conductores morales de la sociedad toda.

Para mayores antecedentes, acceda a nuestra Revista Mujer Salud 2-2010, cuya sección Temas está dedicada a analizar este tópico relevante sobre la salud y derechos humanos de las mujeres.

La jerarquía de la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha impuesto una moral única según la cual las personas deben regir sus vidas, pertenezcan o no a su feligresía. Y aunque hacemos énfasis en esta iglesia, otras entidades religiosas en el mundo entero también han buscado influir y determinar el comportamiento de las personas a partir de sus valores doctrinarios.

Esto ha sido especialmente evidente en aquello relativo a la sexualidad y reproducción (derechos sexuales y derechos reproductivos), ámbitos en los cuales el discurso religioso conservador instaura conceptos “valóricos” que sostienen que la sexualidad necesariamente debe tener fines reproductivos y ejercerse bajo el modelo heterosexual preestablecido. Todo aquello que salga de estos límites, debe considerarse transgression y pecado, así como también el sexo extramarital.

Desde este enfoque, el derecho al placer sexual como experiencia gratificante y liberadora queda completamente soslayado, y también las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo ya que se consideran fuera de la norma moral establecida.

Millones y millones de personas han crecido bajo esta óptica represiva, con las culpas consiguientes cuando se desvían del mandato religioso, culpas que marcan a fuego las vivencias cotidianas y producen una alta cuota de infelicidad.

En los recientes pontificados esto ha sido muy evidente. Con Juan Pablo II la oposición católica a la anticoncepción, al uso de condones para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, a programas de educación sexual y a la despenalización del aborto, se endureció más que nunca, demostrando su total falta de sintonía con la realidad de las personas, con sus problemas y necesidades diarias. Marcando, de paso, una brecha profunda con la tendencia que en algún momento dicha Iglesia tuvo tras el Concilio Vaticano II que imprimió una modernización a dicha entidad, a partir de su preocupación por la justicia social y los derechos de los desposeídos.

Por la libertad de conciencia

Muchos documentos y declaraciones de la Iglesia Católica han mostrado estas tendencias. Uno de ellos surgió en la década de los años 60 del siglo pasado, poco después del surgimiento de la píldora anticonceptiva hormonal, revolucionando las relaciones humanas. Que una píldora permitiese escindir la sexualidad de la reproducción, irrumpiendo frente a moralidades largamente instaladas, detonó la oposición de la alta jerarquía eclesiástica católica que vio en ella un instrumento satánico. Fue así como el 25 de julio de 1968, el Papa Paulo VI firmó la Encíclica Humanae Vitae condenando la regulación de la natalidad, aunque a contravía de la opinión de expertos del Vaticano que sugerían flexibilizar su postura. Dicha Encíclica advirtió sobre tres grandes “peligros” que el uso de la anticoncepción acarrearía: “el camino fácil y amplio para la infidelidad conyugal y la degradación de la moralidad; la pérdida del respeto a la mujer que pasaría a ser considerada como simple instrumento de goce egoísta; y poner un instrumento peligroso en manos de autoridades despreocupadas de las exigencias morales”. Más aun, en 2008 el Papa Benedicto XVI, con ocasión del 40º aniversario de la Encíclica, reiteró públicamente la condena de la Iglesia a la anticoncepción, señalando que excluir la posibilidad de dar la vida “por medio de una acción destinada a impedir la procreación significa negar la verdad íntima del amor conyugal”.

Otro documento del Vaticano con especial énfasis en la “defensa de la vida” y condena del aborto como “crimen nefando”, fue la instrucción Donum Vitae (1987), firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy Papa. Señalaba textualmente: “La inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano inocente desde el momento de la concepción hasta la muerte es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona, a la que el Creador ha concedido el don de la vida. La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la Tierra que Dios ‘ha querido por sí misma’”.

Y por último destacamos el documento “Verdad y significado de la sexualidad humana. Guías para la educación en la familia” emitido por el Consejo Pontificio para la Familia, encargado en el Vaticano de las normas morales, el que se refirió a la educación sexual. En octubre de 1995, es decir, inmediatamente después de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, el cardenal Alfonso López Trujillo, muy cercano a los movimientos mal llamados “provida” alrededor del mundo, firmó el documento que enfatiza las concepciones más tradicionales de la jerarquía católica en relación a la moral sexual, señalando su oposición total a la educación sexual salvo cuando se imparte en la familia, es decir a cargo de la madre y padre, por supuesto a partir de una moral cristiana.

Se refiere, por ejemplo, a la anticoncepción moderna y la procreación artificial, condenando a ambas. Respecto de la educación sexual, señala: “El padre y la madre son los únicos que pueden conocer las singularidades de cada niño o niña, los únicos que les profesan el amor necesario para educar a sus hijos gradualmente -sin brincar etapas- en todos los asuntos relacionados con la sexualidad, y específicamente en la educación para la castidad”.

Sin duda hay muchísimos otros ejemplos de documentos, encíclicas, declaraciones e intervenciones públicas de los jerarcas católicos que plantean normas restrictivas a partir de su doctrina religiosa, lo que contraviene totalmente la laicidad de los Estados, los que, por naturaleza, deben ser laicos, aconfesionales y antidogmáticos.

Toda democracia que se precie de tal, debe estar sujeta solo a la soberanía popular a la que representa, la que se construye sobre la base de la diversidad y pluralidad.

En la búsqueda de expresar su protesta por la autoritaria imposición valórica de las jerarquías eclesiásticas, se están desarrollando distintas acciones ciudadanas. Una de ellas, la Apostasía Colectiva 2010, impulsada desde grupos de la sociedad civil argentina, se propone efectuar masivamente un retiro de la Iglesia Católica de quienes pertenecen a ella, e incluso lograr que madres y padres se comprometan a no bautizar a sus hijas e hijos, sino que permitirles que decidan en plena conciencia en su edad adulta, es decir, no imponerles una fe.

La autodeterminación como un derecho humano

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe se ha propuesto, como uno de sus principios ético políticos de acción, la defensa del Estado laico, lo que cobra plena vigencia en estos momentos en que se constata una fuerte embestida fundamentalista religiosa contra el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos.

Esta fecha es histórica y emblemática para las organizaciones de mujeres. En San José, Costa Rica, en una reunión realizada luego del V Encuentro Internacional Mujer y Salud (1987), se acogió una propuesta de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe para instaurar un día de acción en torno a la salud de las mujeres, acordándose la fecha del 28 de mayo. En 1988 se lanzó la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Su principal objetivo fue denunciar las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna existentes especialmente en los países menos desarrollados por causas mayormente prevenibles, y exigir de los gobiernos políticas y legislaciones adecuadas para enfrentar esta realidad. Posteriormente las actividades de las campañas incluyeron propuestas e instancias de interlocución con sectores profesionales, académicos, y trabajadoras/es del sector salud.

Esta preocupación del movimiento de salud fue coincidente con la expresada por algunos organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud., OMS, que desde entonces han impulsado el tema de la Maternidad sin Riesgos.

Los siguientes han sido los Llamados a la Acción coordinados conjuntamente con las dos Redes:

*          1988. Campaña mundial contra la mortalidad materna.

*          1989. Impidamos la mortalidad y morbilidad materna.

*          1990. Maternidad voluntaria y sin riesgos.

*          1991. Mejor calidad de atención.

*          1992. El embarazo adolescente.

*          1993. Aborto ¡Basta de Silencio!

*          1994. Aborto legal y sin riesgos para todas las mujeres.

*          1995. Contra la feminización de la pobreza, por la salud de la mujer.

En 1996 la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos inició un proceso para evaluar la campaña y en especial, para ampliar su enfoque temático a la luz de nuevas problemáticas que condicionan e influyen en la salud de las mujeres. En el marco de este proceso, el movimiento de salud de las mujeres latinoamericanas y caribeñas realizó un proceso de evaluación en Cuenca, Ecuador, en 1996, bajo la coordinación de la Red Mundial y de la Red de Salud. A partir de entonces, se decidió impulsar en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, bajo la coordinación regional  de la RSMLAC.

Folleto informativo 28 de mayo

Desde esa fecha en América Latina y el Caribe se ha trabajado en esta gran área temática, y de acuerdo a los siguientes llamados a la acción:

• 1996. Evaluemos 8 años de campaña para seguir avanzando.
• 1997 y 1998. Acceso a Atención de Calidad en Salud. Un derecho de las Mujeres.
• 1999 y 2000. Acceso a Información, Educación y Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.
• 2001 y 2002. Derecho a la Salud. Derecho Ciudadano de las Mujeres.
• 2003. Mortalidad materna, un asunto de derechos humanos, una demanda de justicia social.
• 2004. Por la salud integral y los derechos de las mujeres: Cairo + 10. Ni un paso atrás.
• 2005. Salud, derechos sexuales y derechos reproductivos plenos. Avanzando más allá de los ODM.
• 2006. Prevención de la Mortalidad Materna: Propuestas de Intervención desde las Mujeres. Llamado a Concurso.
• 2007. Veinte años de lucha por la salud y los derechos de las mujeres: 1987–2007. Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Repolitizando nuestra mirada, repolitizando nuestras demandas.
• 2008. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra salud. Por el derecho y la libertad de decidir.
• 2009. La salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos y de ciudadanía. ¡Que el Estado los garantice, proteja y promueva!
• 2010. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Derechos de ciudadanía. ¡Exígelos, defiéndelos, ejércelos.

Numerosas organizaciones y redes de mujeres de todo el mundo estarán desarrollando este 28 de Mayo acciones de denuncia, sensibilización, información e interpelación frente a la sociedad en general y frente a los tomadores de decisión, para hacer de estos derechos un ejercicio cotidiano en la vida de las mujeres. Y haciendo visible, al mismo tiempo, la acción obstructiva de algunos sectores tales como la jerarquía eclesiástica católica y de otras iglesias que se oponen permanentemente a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción.

Manifestación pública por la anticoncepción, Chile

El Informe 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM provee antecedentes sobre los efectos de la crisis económica mundial. Señala que los avances en la lucha contra la extrema  pobreza logrados entre 1990 y 2005, podrían haberse estancado puesto que en ese periodo el número de personas que vivía con menos de 1,25 dólares al día disminuyó de 1.800 millones a 1.400 millones. Pero en 2009, entre 55 a 90 millones de personas más que lo  previsto antes de la crisis estarán viviendo en condiciones de pobreza extrema, con lo que ello implica para el goce de una vida digna y una salud integral.

Asimismo, la tendencia a la erradicación del hambre que existía desde principios de los 90, en 2008 se revirtió por el aumento en los precios de alimentos. Además, la prevalencia de hambre en las regiones en desarrollo está aumentando, pasando de un 16% en 2006 a un 17% en 2008. Esto implica la persistencia o agravamiento del fenómeno de desnutrición y malnutrición en población infantil y en mujeres. Por ejemplo, una gestación en malas condiciones de alimentación puede ser un evento de riesgo para la mujer.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el documento menciona que cada año 536.000 mujeres fallecen como resultado de complicaciones  del embarazo, parto o puerperio, y un 99% de estas muertes ocurre en países en desarrollo, es decir, donde hay más probabilidades de que las mujeres vivan en condiciones de pobreza. Así, en  las regiones desarrolladas se registran 9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, en comparación con 450 en regiones en  desarrollo. En estas últimas, 14 países tienen tasas de mortalidad  materna de al menos 1.000 por cada 100.000 nacidos vivos. La mitad de  esas muertes (265.000) ocurre en África subsahariana y una tercera  parte (187.000) en Asia meridional. En estas dos regiones se produce  el 85% del total de muertes maternas. En América Latina y el Caribe países como Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y Bolivia, entre otros, presentan también un alto número de muertes maternas.

Complicaciones obstétricas tales como las hemorragias posparto, las infecciones, la eclampsia, el parto prolongado o la obstrucción del parto, y el aborto en condiciones de riesgo son causa de  la mayoría de las muertes maternas. En los últimos años la mortalidad materna también se ha vinculado con la presencia del VIH/SIDA.

Maternidad voluntaria, un derecho humano

Sin embargo, la  mayoría de estos casos podría evitarse con servicios de salud reproductiva de buena calidad, con atención  prenatal y postnatal, atención del parto por personal de salud calificado y acceso a servicios obstétricos de emergencia, todo lo cual es crítico en contextos de menores recursos y donde no existe voluntad política para enfrentarlos. No nos olvidemos, tampoco, que a menudo la maternidad no es una experiencia voluntaria para muchas mujeres, sino que impuesta por presiones culturales, religiosas e incluso por violencia sexual.

Por lo tanto, en un 10 de mayo, cuando en muchos contextos se conmemora el Día de las Madres, nosotras proponemos, más bien, el Día de la Maternidad Voluntaria, Gozosa y Protegida, con responsabilidades compartidas y reconocimiento social. Por ello exigimos:

• que ninguna mujer sea forzada a ser madre si no lo desea;
• que ninguna mujer carezca de recursos para una maternidad segura y saludable;
• que ninguna mujer sea estigmatizada si no quiere tener hijos/hijas;
• que ninguna mujer muera por falta de atención oportuna o en abortos clandestinos para interrumpir embarazos no deseados;
• que ninguna mujer que se vea impedida de ser madre por falta de acceso a tratamientos contra la infertilidad;
• que ninguna mujer viva la maternidad como una carga o una imposición.

Sexo cuando deseo, embarazo cuando decido

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC con motivo del próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, invita a toda su membresía a participar de este llamado a la acción con el fin de educar a las mujeres en la apropiación de sus derechos y del ejercicio de su ciudadanía, y para sensibilizar a tomadores de decisión en el respeto de los derechos de las mujeres en el ámbito de la sexualidad y la reproducción.

Objetivo: Promover en la sociedad en general, y en los tomadores de decisión en particular, el respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres como derechos humanos y derechos de ciudadanía, expresados en:

• Salud sexual y reproductiva plena, durante todo el ciclo vital.
• Maternidad voluntaria, gozosa y protegida, y respeto a quienes expresen la decisión de no ser madres.
• Acceso a servicios de salud sexual  y reproductiva, con buena calidad de la atención, oportuna y asequible y sin discriminación de ningún tipo.
• Acceso garantizado a todos los métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción de emergencia y los condones masculinos y femeninos.
• Derecho al aborto libre, seguro y legal, y fin de las persecuciones contra las mujeres que abortan.
• Respeto a la libre decisión de las mujeres sobre su sexualidad, bajo la opción que ellas decidan.
• Rechazo a toda expresión de violencia y coerción en estos ámbitos, sea que provenga de su círculo íntimo, de extraños o de instituciones.
• Fomento a las responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres en salud sexual y reproductiva, en especial, en la regulación de la fecundidad, prevención de infecciones de transmisión sexual (incluyendo el VIH/SIDA), crianza de hijas e hijos, y cuidado de salud familiar.

Entendiendo la calidad de ciudadanía como el derecho a tener derechos, y además ejercerlos, la RSMLAC quiere hacer de este Llamado a la Acción un proceso que permita a nuestras organizaciones afiliadas identificar algunos de los principales obstáculos para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, denunciar sus efectos y exigir que sean corregidos.

Este 28 de Mayo, por lo tanto, denunciaremos algunas situaciones que tienen consecuencias nocivas para los derechos de las mujeres, en especial para sus derechos sexuales y reproductivos:

• La histórica oposición de la jerarquía de la Iglesia Católica contra los derechos sexuales y reproductivos, que se expresa en un discurso fundamentalista, autoritario y castigador, y en su intromisión indebida en las políticas de los Estados. Lo que contrasta con los vergonzosos delitos de pedofilia y abusos que continúan siendo denunciados.
• El impacto desproporcionado de la pobreza en las mujeres, y los  efectos de este fenómeno en sus derechos humanos sexuales y reproductivos.
• Los graves efectos de la violencia contra las mujeres en su salud integral, fomentada a partir de la naturalización social de este fenómeno.

A partir de estos tres enfoques, que serán apoyados con Hojas Temáticas para la Acción que se difundirán ampliamente durante abril y mayo, la RSMLAC quiere contribuir para el empoderamiento de las mujeres a partir del reconocimiento de sus derechos sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, como derechos humanos.

Para los requisitos de partipación, líneas de acción sugeridas, y calendario de fechas a considerar, consulte nuestro sitio web.

Mujeres libres y autónomas

El panorama regional en temas relativos al cuerpo de las mujeres, muestra, por un lado, la permanencia de discursos y acciones fundamentalistas en contra de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por otro, se han dado algunos pasos valiosos que contrarrestan en parte las tendencias conservadoras. Entre las graves transgresiones a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres que están ocurriendo en nuestra región, destacamos los siguientes:

En COLOMBIA, el 22 de octubre de 2009 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, después de que la Corte Constitucional emitiera sentencia que reitera el cumplimiento del aborto legal, y ordena a los Ministerios de Educación y Protección Social poner en marcha un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y de información sobre causales bajo las cuales está despenalizado el aborto. En 2006, dicha Corte emitió la Sentencia C-355 que despenaliza el aborto en casos de violación o incesto, malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y cuando existen riesgos para la salud mental o física de la mujer. A pesar de ello las mujeres tienen obstáculos para su aplicación, principalmente por la objeción de conciencia, por lo cual la Corte avanzó en su reglamentación, la que ahora suspendió el Consejo de Estado.?

En HONDURAS, por otra parte, el gobierno de facto decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), echando pie atrás al veto del depuesto Presidente Zelaya al decreto Ley 154-2009 que establecía dicha prohibición. Ahora el gobierno golpista, respaldado por dictamen del Colegio Médico de Honduras (CMH) que señala que la pastilla tiene efectos abortivos, lo repuso y aprobó.?

En CHILE se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del Ministerio de Salud, que instruye a directivos de servicios de salud sobre trato humanizado y resguardo de la confidencialidad.?

En BRASIL se aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo 1736/2009, enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual contempla la institución de un Estatuto Jurídico que otorgará especiales privilegios a la Iglesia Católica brasileña, a pesar de que masivamente la sociedad civil se manifestó en contra del mismo. La jerarquía católica ha sido la principal opositora a la despenalización del aborto en este país.?

En MÉXICO, en contraste con el significativo logro del Distrito Federal que cuenta con una ley que permite la interrupción legal del embarazo en el primer trimestre de gestación, ley ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 17 estados se ha producido una andanada de propuestas contrarias al derecho a decidir, tratando de impedir avances semejantes e incluso buscando retrocesos en las causales hoy vigentes, como es el aborto legal en caso de violación.?

En NICARAGUA Daniel Ortega pretende ser reelecto para un nuevo período, lo que hace más complejo el panorama de protección de los derechos humanos en el país, considerando que continúa férreamente aliado con los sectores más retrógrados, como ocurrió cuando se aprobó la derogación del aborto terapéutico hace unos años, con el consiguiente impacto en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres.?

No al Artículo 30

En REPÚBLICA DOMINICANA, el Congreso Nacional, a través de su Asamblea Revisora, aprobó en segunda lectura el Artículo 30 del proyecto de Reforma Constitucional del Poder Ejecutivo, que instituye: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, lo que afecta directamente a la interrupción voluntaria del embarazo, e incluso al uso de anticonceptivos. La movilización social y solidaridad nacional e internacional han estado presentes a lo largo de este proceso, sin lograr aún que el articulado sea derogado.

Algunos pasos adelante

Sin embargo, también hay hechos esperanzadores. Este es el caso de ARGENTINA, donde en 2009 se celebró un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, y como es habitual, el tema del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos ocuparon un lugar central de reflexiones, mientras que se mantiene en el país la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la que ha sido distinguida por el nstituto Nacional contra la Discriminació n la Xenofobia y el Racismo (INADI) con el Premio a las Buenas Prácticas 2009.

En BRASIL, por otra parte, la Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que celebró 18 años de existencia, participó en una Audiencia Pública de la Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, para recibir un merecido homenaje por su labor por los derechos humanos de las mujeres; allí presentó su proyecto Trilhas da Saúde das Mulheres, propuesta didáctica que da cuenta de su experiencia en pro de la salud y los derechos de las mujeres.?

Y en COLOMBIA, en respuesta a los ataques contra la sentencia de la Corte Constitucional antes señalada, las organizaciones feministas se han pronunciado firmemente en defensa de la misma, haciendo un llamado “para estar atentas a cualquier irregularidad por parte de cualquier persona o entidad, que haciendo interpretaciones distorsionadas y malintencionadas, pretenda obstruir el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de salud para una Interrupción Voluntaria del Embarazo, dentro de las tres circunstancias señaladas por la Corte Constitucional no constitutivas del delito de aborto” (Mesa por la Salud y por la Vida).

La autonomía del cuerpo

En cuanto a CHILE, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley sobre Orientación, Información y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad. El texto legal permitirá la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia, PAE, a las usuarias de los servicios de salud públicos, lo que, según la mandataria, permite corregir “una tremenda injusticia, estamos consagrando derechos en materia de fertilidad que nos permitirá seguir avanzando, teniendo siempre en mente la salud de la población y los derechos de las mujeres”. ??Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años en la defensa del acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho humano de las mujeres, señalaron que este es un paso fundamental, pero que no resuelve su histórica demanda sobre el Proyecto Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya versión primera fue elaborada el año 2000 por un conjunto de organizaciones lideradas por el Foro de Salud y DD.SS.RR., el que nunca logró trámite ni aprobación parlamentaria.??El proyecto recién aprobado fue presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento luego de que en abril de 2008 el Tribunal Constitucional, TC, declarara la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, las que permitían la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia en el sistema público de salud sobre la base de la equidad en el acceso.

El proyecto promulgado por Bachelet, luego de su paso por comisiones y por la Cámara de Diputados, fue finalmente aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 2009, con 19 votos a favor y siete en contra, e incluso superó exitosamente un último trámite en el Tribunal Constitucional.??A partir de indicaciones hechas por la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear, de la coalición gobernante, la normativa establece que cuando este método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una menor de 14 años, el proveedor o proveedora de salud -en el sistema público o privado de salud- procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo informar posteriormente al padre o madre de la menor o al adulto responsable que ella señale. Esta indicación produjo sendas críticas, por cuanto no respeta las condiciones de confidencialidad tan necesarias en la atención de salud en lo general, y en particular en salud sexual y reproductiva de adolescentes. También se hizo notar a menudo la violencia sexual y los abusos en contra de niñas y adolescentes proceden precisamente del círculo familiar, lo que hace altamente inconveniente la obligación de informar sobre este tipo de atención.??Por otra parte, el texto legal establece el derecho a recibir, en el ciclo de enseñanza media, contenidos que propendan a una sexualidad responsable de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Esto significa que se daría inicio a programas de educación sexual acordes con los valores y principios de la comunidad escolar, superando un enorme vacío en esta materia, y contribuyendo a enfrentar el fenómeno del embarazo adolescente en Chile. Efectivamente, si bien la tasa de fecundidad de las chilenas ha descendido consistentemente en las últimas décadas, esto no ha ocurrido entre las adolescentes, en especial las menores de 14, lo que revela falta de información, problemas de acceso a los servicios y a los métodos de anticoncepción en general, y revela también la existencia de abuso sexual como una problemática no suficientemente dimensionada ni abordada.

Y finalmente en PERÚ, la Comisión Revisora del Código Penal aprobó mantener la despenalización del aborto por violación sexual, en caso de inseminación artificial no consentida y aborto eugenésico, propuesta que será debatida en el Pleno del Congreso. De esta manera, como señala el Movimiento Manuela Ramos, “la aprobación de mantener la despenalización del aborto en situaciones extremas por la Comisión Revisora, obedece a una decisión democrática en el marco de un Estado de Derecho no confesional, que toma en cuenta que es un asunto de salud pública, justicia social, equidad y derechos humanos de las mujeres y es dentro de este marco que deberá centrarse el debate en el Pleno del Congreso”.?

Frente a esta compleja coyuntura regional que demuestra tanto la fragilidad de algunos avances que creíamos consolidados, como también la fortaleza del movimiento de mujeres, es necesario impulsar mayores estrategias de incidencia, abogacía y formación de alianzas. Efectivamente, cuando acabamos de conmemorar los 30 años de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y culminó también el seguimiento de 15 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), dos hitos para la condición de la mujer, se pone en evidencia la necesidad de mayores luchas sociales de las mujeres para la conquista de esa ciudadanía que se construye desde un cuerpo libre y autónomo, y desde un ejercicio de derechos plenos.

¡Sin los derechos humanos de las mujeres, no hay democracia ni hay ciudadanía! ¡Sin el cuerpo autónomo de las mujeres, no hay libertad ni igualdad!

Las mujeres deciden sobre sus cuerpos

El cuerpo de las mujeres debe ser reconocido y respetado como un espacio de autonomía, igualdad, dignidad y libertad para la toma de decisiones. Ninguna institución o persona puede arrogarse el derecho de ejercer violencia, coerción o imposiciones sobre él, independientemente de la edad de la mujer, de su situación social, raza, identidad de género, creencia religiosa o cualquier condición. La capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre su espacio corporal, dice relación con el ejercicio de su ciudadanía plena.

Recordemos que el cuerpo se encuentra protegido por una serie de derechos consagrados en documentos internacionales de valor mundial, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya que con ello se busca garantizar la práctica de la libertad y la autodeterminación humanas.

Sin embargo, frecuentemente el cuerpo de las mujeres es objeto de innumerables  prácticas de dominación y subordinación, como por ejemplo, la maternidad forzada y la negación del aborto libre y seguro, la violencia sexista en todas sus expresiones, el trabajo precario y a menudo en modalidades esclavizantes, la imposición de modelos estéticos irreales y la manipulación perversa de la imagen de la mujer en los medios y en la publicidad, la manipulación de etapas vitales tales como el embarazo, el parto y la menopausia por parte del sistema médico, etc.

Esta apropiación y control del cuerpo de las mujeres ha sido el camino históricamente utilizado por el patriarcado para negar la igualdad plena entre los sexos y para instaurar, a partir de ello, diversos mecanismos de exclusión que incluso hoy, en el tercer milenio, siguen firmemente instalados en nuestras sociedades. El contrato matrimonial y la institución familiar han sido las expresiones más potentes de dicha apropiación, siendo las mujeres subordinadas al padre, en primer lugar, quien aparece en la plenitud de sus privilegios, y a los hermanos, tíos, abuelos y otros parientes masculinos. Para luego ser “traspasadas” al dominio del esposo e incluso al de los hijos varones. Y en su salida a lo público, la discriminación persiste y se expresa en modalidades igualmente perversas: desigualdad en el trabajo y la educación, en el trabajo, en la participación social y política, etc. La permanencia de esta subordinación ha sido favorecida por sinnúmero de factores: la cultura patriarcal, la educación sexista, los modelos de familia tradicionales, el discurso religioso, etc.

Mi cuerpo es mío

Pero sin duda, los reclamos sociales de las mujeres expresados desde hace siglos, finalmente han resquebrajados los cimientos de este sistema excluyente y violatorio de los derechos humanos, y han abierto sendas por donde transitar para la búsqueda de una auténtica justicia de género.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe abre este blog con el deseo de aportar, desde la difusión e intercambio de información, a esta búsqueda de una sociedad más incluyente, no discriminatoria y respetuosa de la igualdad entre mujeres y hombres. Queremos, con ello, ofrecer un espacio abierto al diálogo. Queremos aportar para que las mujeres decidan por ellas mismas, aquello que crean mejor para su vida y para su cuerpo.

Abordaremos temas centrales tales como el aborto, la violencia sexista, la diversidad sexual, la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo vital, los condicionantes sociales de la salud, etc., desde una perspectiva centrada en los derechos humanos y en el género. Y les invitamos a hacerse parte de este canal informativo.